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El abogado de Rosario Robles renuncia a defender a la exsecretaria

EXPANSIÓN. Quien hasta este jueves era el abogado de Rosario Robles, Sergio Arturo Ramírez, renunció como defensor de la exsecretaria Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, quien desde agosto de 2019 permanece detenida en el reclusorio de Santa Martha Acatitla acusada de actos de corrupción.

"Al no haber una respuesta positiva por parte de ella de acceder a brindar información para que la Fiscalía (General de la República) pueda conocer realmente cuáles fueron los sucesos que ocurrieron en este sexenio (de Enrique Peña Nieto), este día tomo la decisión personal de no participar más como abogado defensor de la maestra Rosario Robles", expresó en conferencia de prensa.

El abogado recordó que el mes pasado un juez ordenó revisar la prisión preventiva y justificada contra Robles.

"Un juez de distrito ordena que se vuelva a llevar a cabo la audiencia y que se tomen en consideración o no los elementos mediante los cuales le justificaron de primera instancia la prisión a la maestra", detalló en declaraciones a la emisora Radio Fórmula.

Según el abogado, la resolución del juez abre la posibilidad para que Robles abandone el reclusorio de Santa Martha Acatitla y siga en casa el proceso penal en su contra.

Robles acudió a comparecer ante un juez de manera voluntaria en agosto de 2019, pero se le dictó prisión preventiva. Su defensa alegó entonces que era una medida desproporcionada.

Tiempo después, Robles había acordado con la FGR denunciar a otros altos funcionarios implicados en la trama de desvíos de recursos de "La estafa maestra".

"De lo que se trata es de buscar la verdad y la justicia, y no un proceso fundado en ánimos de venganza y violencia política", reiteró el escrito de la defensa.

En este contexto, la FGR y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) impugnaron el amparo concedido a Robles, con el que un juez de control ordenó revisar la posibilidad de modificar la medida cautelar que la mantiene en prisión.

A través de un recurso de revisión, la FGR y la ASF buscan que un Tribunal Colegiado anule esa decisión.

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