UIF presentó séptima denuncia contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, por caso Odebrecht

Por: Administración
2021-08-04 20:25:37
1049

INFOBAE. La noche de este martes 3 de agosto se dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una nueva denuncia contra Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) y exfuncionario del sexenio de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con información de El Universal, es la séptima denuncia presentada por la dependencia contra Lozoya Austin en la que se le señala de haber desviado mil 400 millones de pesos de Pemex a Odebrecht y posteriormente a empresas fachada ubicadas en diversos estados de la Republica Mexicana.

Reportes de fuentes federales explicaron que los desvíos detectados ocurrieron entre los años de 2012 y 2016.

En la actualidad, Emilio Lozoya se encuentra siguiendo su proceso en libertad mediante el uso de un brazalete, pues se le prohibió abandonar la Ciudad de México y, por ende, el país.

El excolaborador de Peña Nieto permanece vinculado a proceso por asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho por los casos Odebrecht y Agro Nitrogenados.

La UIF habría identificado el esquema de lavado de dinero entre 2012 y 2016, cuando el presidente en México era Enrique Peña Nieto. Bajo estas circunstancias, y por medio de las 34 empresas, relacionadas con Odebrecht, se habrían otorgado contratos por millonarias cantidades de dinero, que se integraron en 3 niveles de operación para favorecer a servidores públicos mexicanos y posiblemente financiar campañas políticas.

Desde que fue extraditado el año pasado, Emilio Lozoya no ha pisado ningún juzgado, mucho menos la cárcel. Al parecer ya no importa la promesa hecha por López Obrador el 13 de febrero de 2020, un día después de su arresto en España, cuando dijo que en su Gobierno no había “protección para nadie”.

Desde que fue extraditado el año pasado, Emilio Lozoya no ha pisado ningún juzgado, mucho menos la cárcel. Al parecer ya no importa la promesa hecha por López Obrador el 13 de febrero de 2020, un día después de su arresto en España, cuando dijo que en su Gobierno no había “protección para nadie”.

Su proceso legal ha sido muy cómodo: en libertad, sin audiencia inicial y sin delatar a nadie. En cuanto pisó tierra mexicana, el ex director de Pemex se declaró inocente y aseguró que fue “aparato de poder” y expresó su “compromiso de colaborar con las autoridades”.

Algunos testigos aseguran que ha estado colaborando continuamente con la FGR al dar nombres de altos funcionarios implicados en presuntos casos de corrupción, entre quienes se encuentran Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, por “ordenarle” usar el dinero de Odebrecht para la campaña de 2012 y para sobornar a legisladores del opositor Partido Acción Nacional (PAN) en favor de la reforma energética de 2013.

Sin embargo, Rodrigo Arteaga Santoyo, quien fuera secretario particular de Lozoya, y Francisco Olascoaga Rodríguez, ex jefe del Departamento Administrativo en la Dirección de Pemex, ambos considerados como testigos estrella de Lozoya al ser señalados por él como los encargados de recibir y repartir el dinero de los sobornos, contradijeron la versión dada por el ex funcionario de la petrolera.

La primera, y hasta ahora, única detención relacionada con el caso de los “moches” a los legisladores es la del exsenador del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Luis Lavalle Maury, quien fue arrestado el pasado 9 de abril, luego de acudir al Reclusorio Norte a desahogar un elemento de prueba durante la audiencia inicial en la que se le imputaron tres cargos relacionados con el cobro de sobornos para que se aprobaran la reforma energética del expresidente Peña.

También ha otorgado declaraciones acerca del caso Agronitrogenados, empresa comprada por Pemex a un sobreprecio que causó un quebranto en las finanzas de la empresa productiva del Estado, En éste, el único responsable que se encontraba en prisión era el empresario Alonso Ancira, quien fue puesto en libertad el pasado lunes 19 de abril, luego de que se comprometió a pagar más de 216 millones de dólares (USD) como reparación del daño.