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Tamaulipas y otros 7 estados que no permiten el matrimonio igualitario

EL SOL DE TAMPICO. La Cámara de Diputados ha hecho un llamado a aquellas entidades que aún mantienen restricciones en sus códigos civiles para reconocer el derecho al matrimonio igualitario. Actualmente son ocho los estados que no permiten los matrimonios homosexuales: Veracruz, Tabasco, Durango, Guanajuato, Guerrero, Zacatecas, Estado de México y Tamaulipas.

“Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversos congresos estatales, relativo a eliminar toda norma discriminatoria que impida la realización del matrimonio civil igualitario a parejas del mismo sexo”, se lee en la orden del día del 18 de noviembre, ante la proposición presentada por la diputada Rocío Banquells Núñez, del grupo parlamentario del PRD.

PIDEN IGUALDAD DE DERECHOS PARA TODAS LAS PERSONAS

Durante esa misma sesión de la LXV legislatura, la diputada Salma Luévano Luna expuso la necesidad de “reconocer ya” dentro del marco jurídico el matrimonio igualitario y “modificar las legislaciones que establecen como obligación que se lleve a cabo forzosamente entre hombre y mujer”. Asimismo, señaló a las ocho entidades que aún no avalan dichas uniones.

“La ONU alienta a los congresos de la unión y locales a reconocer los derechos de las personas del mismo sexo a contraer matrimonio, y de esta forma avanzar en igualdad de derechos y libertades de todas las personas y ser progresistas, y por lo tanto congruentes”, dijo la diputada de la bancada morenista.

CNDH TAMBIÉN HA HECHO UN EXHORTO

Este año, la entonces diputada de Morena, Edna Rivera, presentó dos iniciativas al Congreso de Tamaulipas. Una, para reconocer al derecho de matrimonio igualitario, y otra para la modificación de datos del acta de nacimiento de acuerdo con la identidad de género auto percibida. Ambas fueron rechazadas.

El pasado 22 de enero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicó un exhorto al Congreso del Estado de Tamaulipas para reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo y contribuir así “a eliminar la discriminación sistémica y estructural ejercida en su contra, garantizando la certeza jurídica y su derecho a formar una familia”.

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