Nacional / Frontera Sur

El conflicto armado de Chiapas traspasa fronteras y lastra el turismo mexicano

EL PAÍS. El conflicto armado que sufre Chiapas empieza a ser una realidad más allá de sus propias fronteras. Mientras el Gobierno federal y el estatal continúan hablando de paz, las pruebas de que grandes regiones del Estado más pobre de México están controladas por el narcotráfico se suceden cada día desafiando la versión oficial. El Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), los dos grupos criminales más poderosos de México, luchan por el dominio de la plaza en una guerra abierta que se está ensañando especialmente con la población civil, campesina e indígena en una altísima proporción. Las consecuencias de la violencia están comenzando a llegar también a la esfera internacional: agencias turísticas de Francia, Reino Unido y Bélgica dejarán de llevar a sus clientes a la selva Lacandona y las autoridades de Guatemala denuncian incursiones y enfrentamientos a balazos con miembros del CJNG en su territorio.

Esta semana, ATC Touroperadores, que se define como “la primera empresa operadora de turismo en Chiapas desde 1984″, ha anunciado que “las agencias francesas, británicas y belgas que representamos han decidido no seguir llevando turistas a toda la zona Lacandona”, uno de los principales atractivos del Estado. La compañía justifica su decisión argumentando que “desde hace más de tres meses el ambiente turístico ha sido violentado drásticamente en algunas regiones de Chiapas” y “derivado de situaciones que se dieron con tres grupos de franceses, que operamos en esta última quincena”, sin especificar a qué tipo de situaciones se refiere.

Sin embargo, en el mismo comunicado, difundido en sus redes sociales, la empresa habla de incidentes con turistas extranjeros en los que los vehículos de ATC tuvieron que avanzar “entre pedradas y balaceras”. En el escrito, la empresa también se refiere a las amenazas y extorsiones del crimen organizado. “Hombres armados, muy armados, te dicen: ‘Aquí puedes pasar con turistas, pero esto tienes que pagar’, y te indican la hora en que puedes entrar a Bonampak [sitio arqueológico], obviamente en carros de ellos, que pagas y te indican que tienes que pagar también un guardia de seguridad que te acompaña a huevo con el título de guía de turistas, y te piden mil pesos y no puedes negociar nada, porque tu interlocutor está con una escuadra [pistola] en la cintura a la vista y atrás de él otro tipo con un arma larga, y pagas o pagas y si hay ‘operativo’, pues por gusto llegaste hasta ahí porque no pasas”.

“Y te das cuenta de que nativos lacandones y choles tienen fuerza ofensiva para enfrentar al mismo Ejército mexicano y a la Guardia Nacional, abiertamente, dices: ‘Este Chiapas ya valió madres’”, continúa el texto. En la zona afectada a la que ya no realizará viajes ATC se encuentran los yacimientos arqueológicos de Yaxchilán y Bonampak, entre otros atractivos, ambas ruinas de la cultura maya. El Departamento de Estado de Estados Unidos pide a sus ciudadanos que “extremen las precauciones al viajar al Estado de Chiapas debido al crimen”.

El crimen se extiende a Guatemala

Guatemala mira con recelo la frontera compartida con México. Las autoridades del país centroamericano han alertado a la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana por la creciente presencia de integrantes del CJNG en su territorio. El grupo criminal se ha hecho fuerte en la región de Frontera Comalapa y Motozintla, municipios unidos por una carretera que el cartel bloquea y desbloquea a su antojo con sus propios retenes. La población huye de esa zona, desplazada por la violencia y la desprotección ante la ausencia de una presencia significativa del Estado y el miedo de ser asesinados o reclutados a la fuerza por el crimen organizado.

En concreto, en las últimas semanas el CJNG colocó un retén en la frontera entre Motozintla, del lado mexicano, y Cantón Cheguate, en el guatemalteco. De acuerdo con Milenio, los criminales iban fuertemente armados y protegidos con chalecos antibalas. Según el mismo medio, los mismos miembros del cartel protagonizaron el primer enfrentamiento contra las fuerzas armadas de Guatemala la segunda semana de enero. Un comando cruzó a territorio del país centroamericano y se enfrentó a tiros con una unidad militar, que contraatacó y logró capturar a dos de ellos. Ambos confesaron ser chiapanecos e integrantes del CJNG. La policía localizó también dos casas de seguridad.

Guatemala ha desplegado 2.000 militares en Cantón Cheguate. La estrategia forma parte de una operación que ya lleva en marcha meses para reforzar la frontera compartida ante el desgobierno y la violencia que reinan en Chiapas. El pasado septiembre, las autoridades del país centroamericano ya anunciaron que más de 300 soldados se habían trasladado al departamento de San Marcos, fronterizo precisamente con Motozintla, Amatenango de la Frontera y Mazapa de Madero. En diciembre, 10 vendedores de pollo guatemaltecos desaparecieron en Frontera Comalapa. No se volvió a tener noticias de ellos.

Los sucesos violentos no dan tregua a Chiapas, que lidia a diario con las consecuencias de la infiltración del crimen organizado sin más contrapesos por parte del Gobierno que una militarización al alza que, sin embargo, no consigue —o no intenta, según las denuncias de muchas organizaciones que trabajan sobre el terreno— atajar el problema. La población desplazada por la violencia se cuenta en miles de personas, las masacres se han convertido en parte del vocabulario cotidiano y, en general, en la región cunde el sentimiento de abandono y la sensación de que la única ley que rige el territorio es la del narco.

Hasta la Iglesia ha puesto el grito en el cielo. Así lo resume la Diócesis de San Cristóbal de las Casas en un comunicado publicado este jueves: “Unimos nuestro clamor para manifestar todos los atropellos e injusticias que viven nuestros pueblos y comunidades, sobre todo la inseguridad, la violencia y la disputa territorial provocada por el crimen organizado, ante las cuales las autoridades de los tres niveles de Gobierno se ven rebasadas, permisivas o coludidas por el sistema de control que este ejerce en el territorio nacional (...) Lo anterior trae consecuencias muy fuertes para nuestros municipios y nuestros pueblos como: la violencia y enfrentamiento generados entre grupos armados y del narcotráfico, que provocan secuestros, desapariciones, desplazamientos forzados de personas y familias enteras, así como la pérdida de su patrimonio que con tanto esfuerzo han conseguido (...) Y por el miedo a represalias, la impunidad y el no ejercicio del Estado de derecho la gente no quiere denunciar. También se provoca la lucha de poderes de organizaciones, manipulados por partidos políticos, caciquismo y empresariado”.