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Palomean cacería de 'narcos' en las aguas internacionales

MILENIO. A unas horas del fin del último periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, a la Secretaría de Marina le crecieron dientes afilados para ir tras el crimen organizado  en aguas internacionales y nacionales, que es donde se mueve entre el 60 y 70 por ciento de todas las drogas que cruzan al país.

Se trata de cinco reformas a distintas leyes con las que las autoridades marítimas pretenden atacar las principales trampas que los narcotraficantes suelen usar para evitar una detención en el mar.

Entre las estratagemas de los criminales están, por ejemplo, aventar al agua los paquetes con drogas, sacarlos de las embarcaciones para no ser atrapados con ellos; tirarse al oleaje para que en los reportes policiales se asiente que fueron hallados flotando y se hagan pasar por náufragos; deshacerse de los motores de las lanchas antes de la llegada de las autoridades para fingir ser pescadores empobrecidos, o navegar con embarcaciones sin alguna bandera nacional –las llamadas “lanchas apátridas”– para no ser juzgados por leyes nacionales.

“Estamos ante la mayor reforma en la historia en materia de delincuencia marítima”, asegura el vicealmirante en retiro de la Secretaría de Marina y diputado federal Jaime Martínez en entrevista con MILENIO, a unas horas de que lograra el respaldo de 451 legisladores a su proyecto de reforma. “Esto es histórico; ahora falta el voto en el Senado para que esto sea realidad”.

Hasta hoy, el Código Penal Federal sólo considera la jurisdicción del Estado mexicano sobre embarcaciones en aguas territoriales y zonas económicas exclusivas, a pesar de que miles de lanchas y submarinos del crimen organizado se mueven en la frontera con aguas internacionales, por lo que si en dicha zona son detenidos con drogas y armas, deben ser puestos en libertad inmediatamente,  de acuerdo con el mando marítimo.

Estrategias sucias e impunidad

Eso mismo ocurrió en agosto de 2021, cuando la Décima Sexta Región Naval en Puerto Chiapas logró la localización de cinco presuntos narcotraficantes –tres mexicanos, un salvadoreño y un colombiano– que portaban armas largas y transportaban en una embarcación ligera unos 800 kilogramos de cocaína que llevarían hasta Jalisco, supuestamente para usufructo de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Tras ubicarlos con el radar de una patrulla oceánica de largo alcance, la Secretaría de Marina hizo un fuerte –y costoso– despliegue de sus recursos para aprehender al quinteto: un helicóptero Panther voló encima de los traficantes, arriesgándose a ser derribado a tiros. Sin poder dispararles directamente, amagó y consiguió desacelerar la nave hasta su consignación y arresto de sus tripulantes. Durante esos tensos 20 minutos, la narcotripulación arrojó armas y drogas al mar para intentar salvarse de ir a prisión.

Esposados, los cinco presuntos narcotraficantes fueron presentados ante un ministerio público en Tapachula, donde los marinos escucharon con incredulidad y frustración que su arresto no sería considerado legal. La razón: a más de 250 millas náuticas de Puerto Chiapas se les habían acabado las facultades para hacer detenciones por tratarse de altamar. Sin disparar una bala ni contratar abogados, los traficantes de cocaína fueron liberados, pese a la evidencia en su contra.

“Normalmente se realiza un informe de actividades que hace el personal naval en funciones de la Guardia Costera. Cuando ya llegan a la costa y se consigna [al presunto delincuente], hay vacíos jurídicos que dicen ‘usted no tiene la autoridad’”, reconoce el vicealmirante en retiro.

En otro caso, ahora en Campeche, un juez federal decidió la no vinculación a proceso de tres presuntos traficantes de drogas arrestados en marzo de 2019 a la altura de Ciudad del Carmen, a unas 170 millas náuticas de la costa. Habían sido sorprendidos con precursores químicos, armas y un equipo artesanal para interceptar las frecuencias de radio de la Secretaría de Marina, pero todo lo decomisado fue desechado en los juzgados porque la evidencia no fue obtenida “en tierra firme”.

Arrestos contra reloj

Otra dificultad que aún tienen las autoridades para lograr arrestos es el tiempo que toma trasladar a un presunto narcotraficante , y a su embarcación, desde altamar hasta la costa, pues tantas horas a partir de su detención pueden considerarse como una desaparición forzada, debido a que no son presentados inmediatamente ante un ministerio público.

“Ya detuviste la embarcación, tienes el combustible, ya tienes la droga, ya tienes la embarcación. Pero resulta que tú estás a 200 millas, cerca de 500 kilómetros afuera de la costa. Entonces hay que llegar a la autoridad en tierra y, bueno, para empezar ya requieres remolcar una embarcación con un buque de la Armada, se hace todo más lento y ya no te dan las horas que te pide la justicia para poder consignar a alguien”, se queja el especialista.

Si el Senado aprueba lo votado a favor en San Lázaro, los marinos ya podrán presentar como evidencia legalmente obtenida ante cualquier ministerio público del país los videos en los que se observe a los presuntos narcotraficantes aventar los paquetes con droga al mar –que suelen tener GPS para recuperarlos después–, incendiar voluntariamente sus lanchas, arrojarse al mar como náufragos o que, incluso, lleguen a proteger los motores con sus propios cuerpos para evitar que sean desacelerados y marinos en helicópteros les alcancen.

También estarán facultados, por primera vez en la historia, para hacer disparos de advertencia dirigidos al agua y de inhabilitación contra los motores, siempre y cuando exista una línea de fuego despejada.

Uso de la fuerza y balas de goma

“Hay que hacer uso de la fuerza para detener estas embarcaciones del crimen organizado. Para ello ya consideramos aquí la primera ley que permita hacer el uso de la fuerza en la mar, porque [hasta ahora] las cuestiones nacionales únicamente contemplan el uso de la fuerza en tierra o de persona a persona, pero no para la detención de una embarcación”, reconoce el entrevistado.

Además, ya podrán hacer uso de armas menos letales como municiones de goma o esponja para lograr la reducción de los movimientos de la tripulación criminales desde las aeronaves o buques gubernamentales, algo que no se ha podido hacer desde que inició la “guerra contra el narco”.

También permitirá a los marinos exigir a los tripulantes de cualquier embarcación sospechosa que acrediten la compra legal de combustible mediante tickets o facturas; de lo contrario, hasta la gasolina usada para mover cocaína o fentanilo podrá ser evidencia de la comisión de robo de combustible o huachicol, lo que permitiría darle penas más severas a los criminales.

Durante el año 2023 la Armada de México realizó 52 intercepciones en el mar, de las cuales 32 ocurrieron en la zona económica exclusiva y 19 en altamar. Asimismo, se aseguraron más de 48 mil kilogramos de cocaína, de acuerdo con el documento presentado por el vicealmirante en retiro en la Cámara de Diputados.

Un año antes, en 2022, la Secretaría de Marina reportó el aseguramiento de 60 embarcaciones y la aprehensión de 238 mexicanos y 30 extranjeros por delitos contra la salud; en 2021 sólo se aseguraron cuatro embarcaciones, pero las detenciones crecieron a 375 mexicanos y 17 extranjeros por cargos relacionados con narcotráfico. Mientras que en 2020 se aseguraron 41 navíos y las aprehensiones llegaron a 404 mexicanos y 11 extranjeros.

Actualmente, la Secretaría de Marina reconoce que en aguas nacionales se cometen siete tipos de delitos  y que son causantes de la violencia que se sufre en tierra firme: el tráfico de drogas, de migrantes indocumentados, de armas, terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos en materia de hidrocarburos y delitos ambientales.

Mientras que en aguas internacionales los seis delitos más comunes son el tráfico de estupefacientes, piratería, transporte de esclavos, delitos contra la navegación, tortura y la destrucción y apropiación de bienes en el marco de una guerra marítima.

De ser aprobadas en la cámara alta, los marinos tendrán insumos suficientes para actuar contra el crimen en sus diferentes modalidades y entonces poder afirmar que la nave, ahora sí, va.