MILENIO. Jueces tamaulipecos liberaron a presuntos extorsionadores denunciados por empresarios de Reynosa y que están sujetos a proceso penal, por lo que el Congreso del Estado pidió al Consejo de la Judicatura investigar y sancionar a dichos servidores públicos.
La Diputación Permanente aprobó un exhorto al Poder Judicial para determinar las responsabilidades en que habrían incurrido Aldo René Rocha Sánchez y Ariel Luna Casados, al modificar la medida cautelar de prisión preventiva en dos causas penales por extorsión agravada en su modalidad de cobro de piso.
¿Por qué investigarán a jueces tamaulipecos?
Los jueces impusieron en su lugar medidas menos restrictivas, como la presentación periódica, garantías económicas mínimas y restricciones de acercamiento, sin valorar plenamente el riesgo para las víctimas ni la gravedad de los hechos.
Los casos están relacionados con dos empresas que denunciaron formalmente los hechos en su contra y a pesar de ello, los presuntos responsables fueron liberados tras decisiones judiciales cuestionadas. Fue el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso Local, Humberto Prieto Herrera, quien presentó la iniciativa de punto de acuerdo en la sesión de este lunes.
“La extorsión, especialmente bajo la modalidad de cobro de piso, ha tenido un impacto devastador en municipios fronterizos como Reynosa, afectando de manera directa a comerciantes, empresarios y trabajadores independientes, además de inhibir el desarrollo económico y social”, apuntó.
Su propuesta fue aprobada por unanimidad, luego de plantear el diputado de Morena la necesidad de investigar y castigar el actuar de los jueces de control que no midieron el peligro que implica liberar a las personas señaladas por extorsión.
En su exposición de motivos, dijo que los juzgadores no tomaron en cuenta el riesgo latente para la ciudadanía y la economía local, que implicaba su resolución, y era necesario además priorizar los derechos de las víctimas.
“Existe una preocupación fundada de que las resoluciones no ponderaron adecuadamente la reincidencia, la peligrosidad y el impacto social del delito”, resaltó el legislador.
Dijo finalmente que su responsabilidad como diputados no se limita a crear y reformar leyes; también comprende señalar, denunciar y actuar frente a resoluciones que, por su impacto, puedan poner en riesgo a la ciudadanía o contravenir el espíritu de la norma.