ELEFANTE BLANCO. DiDi, la plataforma de transporte por aplicación, enfrenta un adeudo fiscal superior a 20 millones de pesos con el estado, tras perder un amparo que la eximía temporalmente del cobro de un impuesto vigente para operar en la entidad.
El impuesto en cuestión corresponde al cobro estatal por operar como plataforma de transporte, el cual DiDi dejó de pagar desde enero de 2024, pese a que el fallo judicial ya le exigía cumplir desde esa fecha.
DiDi solicitó una audiencia con autoridades estatales recientemente, buscando recibir la línea de captura para realizar el pago correspondiente.
El subsecretario de Transporte Público en Tamaulipas, José Armando Lara Valdés, explicó que “Uber está pagando y la otra plataforma de Didi se amparó, pero perdió el amparo. Debió pagar en enero del 2024 y no lo ha hecho, su adeudo ronda los 20 millones de pesos. El pago del impuesto lo deben pagar y no trasladarlo al usuario.”
En Tamaulipas hay cerca de 10 mil vehículos operando bajo plataformas como Uber y DiDi. Sin embargo, solo unas 500 unidades han cumplido con la constancia del vehículo y constancia del conductor en los últimos 12 meses.
La administración estatal impulsa una iniciativa de ley para que todas las unidades de plataformas cumplan con el reglamento vigente, lo que incluye realizar la “revista mecánica” para las unidades. Este trámite tiene una cuota de alrededor de 300 pesos, y existe la posibilidad de una segunda revisión si no es aprobada en la primera.
Las autoridades estatales han anunciado operativos para verificar que las unidades de DiDi tengan la documentación en regla, y para asegurarse de que el pago del impuesto no sea trasladado a los usuarios finales.
Las regulaciones estatales para transporte por aplicación incluyen requisitos obligatorios como constancias vehiculares, constancias de conductor, revista mecánica y cumplimiento del reglamento del transporte. Estas obligaciones buscan homologar y regularizar a las plataformas para ofrecer seguridad, fiscalización y responsabilidad legal.
En otros estados mexicanos también se han presentado litigios y cobros similares a plataformas digitales que operan ridesharing, lo que forma parte de una tendencia nacional de exigir responsabilidad fiscal y regulatoria a estos servicios.