POSTA. El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, negó de manera categórica tener acaparamiento de agua y aseguró que las concesiones que aparecen vinculadas a su nombre en el Registro Público de Derechos de Agua (Repda) no pertenecen al titular del Ejecutivo estatal, sino que están relacionadas con herencias familiares y procesos de regularización previstos en la ley.
La aclaración se dio a conocer a través de una carta oficial firmada por el coordinador de Comunicación Social del Gobierno de Tamaulipas, Francisco Cuéllar Cardona, luego de publicaciones periodísticas que señalaban que el nombre del mandatario aparecía “registrado jurídicamente” como titular de diversas concesiones de agua.
En el documento, el gobierno estatal afirmó que ninguna de las concesiones señaladas corresponde a un uso personal o indebido del recurso hídrico.
De acuerdo con la revisión del Repda, el nombre de Américo Villarreal Anaya aparece asociado a siete concesiones de agua para usos agrícolas y pecuarios, con un volumen total de 381 mil 951 metros cúbicos anuales. De estas, cinco se localizan en Tamaulipas y dos en Guanajuato, registradas en distintos periodos entre 1998 y 2025. No obstante, el gobierno estatal subrayó que la aparición del nombre del gobernador obedece a trámites administrativos derivados de sucesiones familiares.
El escrito precisa que las concesiones ubicadas en Guanajuato dejaron de formar parte del patrimonio familiar hace aproximadamente seis años, luego de que los terrenos —propiedad del padre del gobernador y posteriormente heredados a su madre— fueron vendidos. Por lo tanto, aseguró, dichos títulos ya no están vigentes como parte de bienes familiares.
Respecto a los títulos localizados en el municipio de Padilla, en Tamaulipas, el equipo del gobernador explicó que estos pertenecieron originalmente a su padre, quien falleció hace 15 años. En ese sentido, la inclusión del nombre del mandatario responde a un proceso de regularización sucesoria, un procedimiento legal contemplado en la normativa vigente para actualizar registros patrimoniales.
El gobierno estatal insistió en que estos trámites no implican concentración ni uso indebido del agua, y que se realizan bajo los lineamientos del Registro Público de Derechos de Agua, regulado por la Comisión Nacional del Agua.
La controversia ocurre en un contexto donde el acceso al agua es uno de los temas más sensibles para la población. Sequías recurrentes, restricciones en el suministro y conflictos por concesiones han colocado al recurso hídrico en el centro del debate público. En ese escenario, cualquier señalamiento sobre presunto acaparamiento genera preocupación y exige explicaciones claras.
Desde el gobierno de Tamaulipas se enfatizó que la administración estatal mantiene una postura de uso responsable y equitativo del agua, y que el gobernador no cuenta con concesiones activas destinadas a beneficio personal. La aclaración busca, dijeron, evitar confusiones y garantizar transparencia ante la opinión pública.
Más allá de los números y registros, el mensaje oficial apunta a una dimensión humana del debate: la necesidad de cuidar un recurso vital sin politizar procesos administrativos heredados. Para el Ejecutivo estatal, la explicación es simple: herencias, ventas y regularizaciones legales, no acaparamiento.