Tamaulipas / Cd. Victoria

Tamaulipas alista ley para integrar videovigilancia privada al C5

ELEFANTE BLANCO. El gobierno de Tamaulipas alista una iniciativa de ley para regular la videovigilancia privada e integrar parte de esas cámaras al sistema estatal de monitoreo del C5, con el argumento de ampliar la cobertura y acotar usos indebidos. El subsecretario de Enlace Legislativo, Rómulo Pérez Sánchez, afirmó que la propuesta se enviará al Congreso local antes de que termine enero. 

En la explicación pública del proyecto, Pérez Sánchez sostuvo que “lo que se busca es que las cámaras realmente sirvan para apoyar a la ciudadanía y no sean utilizadas para fines peligrosos”. 

La ruta planteada incluye un empadronamiento de sistemas de videovigilancia de comercios y establecimientos para tener un control institucional y definir cuáles pueden conectarse al centro de monitoreo. 

El funcionario reconoció que hoy no existe un dato preciso sobre cuántas cámaras privadas podrían incorporarse de inmediato, por lo que —dijo— ya se realiza un barrido para conocer el número real de equipos disponibles en negocios y puntos de uso común. 

Con ese diagnóstico, el Ejecutivo pretende presentar el paquete normativo al inicio del siguiente periodo ordinario, con un marco “moderno” para la operación de videovigilancia. En ese sentido, Pérez Sánchez agregó: “Queremos que Tamaulipas tenga un marco legal sólido y actualizado en materia de video vigilancia”. 

La iniciativa aparece en medio de una disputa paralela por el control de cámaras instaladas fuera del sistema estatal. En noviembre, el secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero, informó el retiro de alrededor de 250 cámaras colocadas sin autorización en postes de alumbrado público desde julio de 2025, al considerar que no pertenecían al C5. En una de esas exposiciones públicas, Pancardo dijo que “se desconectaron las cámaras que no pertenecen al C5 y hemos logrado un incremento significativo en la seguridad del estado”. 

La línea se ha trazado entre cámaras privadas —propiedad de comercios y ciudadanos— y equipos montados sobre infraestructura pública sin control institucional. La nueva propuesta, de acuerdo con lo planteado por el subsecretario, busca llevar a la ley el procedimiento para que cámaras privadas se vuelvan un insumo de seguridad, a través de una conexión ordenada al C5, con registro y reglas claras. 

En Tamaulipas, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública describe al C5i como una plataforma cuya misión es “proporcionar… un servicio de apoyo a la ciudadanía con rapidez y eficacia”. 

Ese objetivo —apoyo y respuesta— es el que el Ejecutivo estatal coloca como justificación para ampliar la red, ahora con cámaras no gubernamentales que ya están instaladas en puntos de alta circulación.

El proyecto, además, “transita” por un terreno jurídico donde la videovigilancia cruza con derechos de privacidad y tratamiento de datos personales. En México existen marcos federales para el manejo de datos personales, tanto en posesión de particulares como de sujetos obligados del sector público.

En términos prácticos, la incorporación de cámaras privadas a un sistema estatal de monitoreo obliga a definir reglas sobre resguardo, acceso, conservación, uso para investigación y controles para evitar desvíos.

Por ahora, la iniciativa anunciada no ha sido presentada formalmente, pero el Congreso recibirá el documento con la promesa de incluir un padrón de videovigilancia privada, criterios de incorporación al C5 y medidas para impedir que esos dispositivos terminen funcionando como herramientas fuera de la ley.