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Consejero ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda es funcionario público, pese a prohibición de l

ANIMAL POLÍTICO. Uno de los integrantes del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, recién designado en septiembre de 2025 por el Senado de la República, ocupa un cargo adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, lo cual es violatorio de la Ley General en materia de desaparición.

Francisco Javier Espinosa Granados es parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México desde el 1 de octubre de 2010, con el puesto de jefe de oficina, como personal de confianza con nómina de base, de acuerdo con el buscador “Personas que trabajan para ti” del Gobierno de la Ciudad de México.

Lo anterior es violatorio de la Ley General en materia de desaparición, que en su artículo 60 define que el consejo debe estar integrado por cinco familiares, cuatro especialistas de reconocido prestigio en la protección y defensa de los derechos humanos, la búsqueda o la investigación, y cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil.

Esos integrantes deben ser nombrados por el Senado de la República previa consulta y garantizando el principio de paridad, además de que “la duración de su función será de tres años, sin posibilidad de reelección, y no deberán desempeñar ningún cargo como servidor público”. Quienes integran el consejo deben ejercer su función en forma honorífica, y no recibir contraprestación económica alguna por su desempeño.

La declaración de situación patrimonial de Espinosa Granados describe que su área de adscripción es la Dirección de Adquisiciones, almacenes y aseguramiento, así como que su función principal es la procuración de justicia (sentencias, ministerios públicos, fiscales, policías de investigación, auxiliares ministeriales, etcétera). La transparencia del Gobierno de la Ciudad consigna una remuneración bruta de 10 mil 77 pesos y neta de 9 mil 772.

“Le hacemos llegar con gran preocupación que se tiene en la articulación de Víctimas Unidas, integrada por diversos colectivos a nivel nacional e internacional, ya que los encargados de analizar los perfiles de candidatos que se propusieron para ser integrantes del Consejo Nacional Consultivo de la CNB no lo realizaron”, señala la red en un escrito entregado a la secretaria Rosa Icela Rodríguez Velázquez el 12 de diciembre de 2025, con sello de recibido de ese mismo día.

“No omitimos mencionar que se hace entrega de este escrito con el respaldo de 271 víctimas, 14 colectivos, 5 colectivas y 23 personas solidarias (defensoras de derechos humanos, activistas, abogados, directores, presidentes de organizaciones, observatorio, etc), siendo un total de 313 firmas”, agregan en el texto, que con posterioridad han crecido a casi 350.

“Si la ley dijera y permitiera que un servidor público pueda ser (consejero), adelante, nos quedamos callados y vemos su función, pero la ley lo está diciendo, y él que siendo víctima, si queremos que nos defienda, la está violando desde el principio. Yo no me voy a postular si soy servidor público, porque la ley lo dice muy claro, y si exigimos que los demás la respeten, tenemos que empezar desde nosotros”, comenta en entrevista Alejandra Galván, de Víctimas Unidas.

Espinosa Granados se postuló como familiar de una persona desaparecida, pues busca a su hijo Francisco Javier Espinosa desde abril de 2004, cuando se perdió su rastro junto al de otras nueve personas sustraídas por un comando del bar Maverick en Aguascalientes. Sin embargo, ocupar una posición en el consejo es incompatible con su estatus como funcionario público, anterior a su nombramiento como parte del órgano de consulta. Ahí radica el reclamo de los colectivos.

Las funciones y elección del Consejo Ciudadano

De acuerdo con la Ley General, el Consejo tiene entre sus atribuciones hacer propuestas al Sistema Nacional y a la Comisión Nacional de Búsqueda para acelerar o profundizar sus acciones, ampliar las capacidades del Sistema Nacional de Búsqueda o mejorar el funcionamiento de programas, registros, bancos y herramientas, así como acompañar las medidas de asistencia técnica para la búsqueda de personas.

Por otro lado, puede solicitar información a cualquier integrante del Sistema Nacional, acceder a la información estadística generada mediante sus diversas herramientas; contribuir en la promoción de acciones, políticas públicas, programas y proyectos relacionados con la ley, así como dar vista a las autoridades y órganos internos de control sobre las irregularidades en las actuación de servidores públicos relacionados con la búsqueda y la investigación.

El 30 de julio de 2025, después de medio año de retraso, el Senado de la República inició las comparecencias para elegir a las nuevas personas que integrarían el Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que serán parte de este hasta 2027.

Un mes antes, exintegrantes que habían terminado su gestión en 2024 advirtieron sobre la ausencia de reuniones del Sistema Nacional y el estancamiento institucional en el contexto de la crisis de desapariciones en México, que hasta el cierre de esta publicación asciende a más de 133 mil personas desaparecidas y no localizadas, de acuerdo con el registro oficial.

Durante tres días comparecieron más de 40 aspirantes a integrar el consejo, entre familiares de personas desaparecidas, integrantes de organizaciones civiles y especialistas. Finalmente, se propusieron 13 perfiles ante la Junta de Coordinación Política del Senado para su votación en el pleno, lo que derivó en el nombramiento de Adela Alvarado Valdés, Araceli Magdalena Rodríguez Nava, Diana Gutiérrez Cerqueda y José Andrés Méndez Ñeco, además de Espinosa Granados, como familiares; Alejandra Maritza Cartagena López, Guadalupe Judith Rodríguez Rodríguez, Pedro Miguel Ángel Garita Arce y Ricardo Nava Rueda, como especialistas, y Emanuel Adrián Jiménez García, Alejandro Darío Tamez Murguía, Francisco Lugo Silva y Gerardo Jessel Islas Villagómez como representantes de la sociedad civil.