Tamaulipas / Cd. Victoria

Congreso de Tamaulipas analiza incorporar cardio protección en espacios de concurrencia masiva

LA JORNADA. Al menos 6 mil 679 personas al año mueren en Tamaulipas por enfermedades cardiacas, el acceso inmediato a atención de urgencia ante un paro cardíaco continua es una variable que depende del azar y del lugar donde ocurra la emergencia. Por lo anterior, el Congreso de Tamaulipas analiza la iniciativa para incorporar la cardio protección como una obligación del sistema de salud pública y privada.

La propuesta, presentada por el diputado panista por Tampico, Pepe Schekaiban Ongay, plantea reformar la Ley de Salud del estado para que todo edificio, público o privado, con afluencia superior a 150 personas cuente de manera obligatoria con un desfibrilador externo automático (DEA) y personal capacitado para su uso inmediato. 

Durante su exposición de motivos, el legislador sostuvo que la ausencia de estos dispositivos en espacios de alta concentración vulnera el derecho a la salud y a la vida, al limitar la posibilidad de una intervención oportuna ante emergencias cardiovasculares, una de las principales causas de mortalidad en la entidad. 

“Cuando se trata del corazón, cada minuto cuenta. Un DEA puede analizar el ritmo cardiaco y aplicar descargas que permitan restablecer el flujo sanguíneo, evitando la muerte o secuelas irreversibles”, afirmó. Según datos citados en la iniciativa, el uso temprano de desfibriladores puede incrementar hasta en 70 por ciento las probabilidades de supervivencia en casos de paro cardiaco, sin embargo, en Tamaulipas su disponibilidad se restringe actualmente a aeropuertos, algunas plantas del clúster petroquímico en Altamira, y recintos oficiales como la sede del Congreso local. 

El proyecto presentado por Pepe Schekaiban busca ampliar esta cobertura a centros comerciales, edificios administrativos y otros espacios de concurrencia masiva, como parte de una política preventiva que traslade la atención de la salud del ámbito hospitalario al espacio público. 

Schekaiban subrayó que la medida no sólo apunta a salvar vidas, sino a reducir desigualdades en el acceso a la atención de emergencias, al establecer un estándar mínimo de protección sanitaria para la población; la iniciativa fue turnada a comisiones, donde será analizada en el marco de las obligaciones del Estado para garantizar el derecho a la salud, consagrado en la Constitución, y su aplicación en entornos donde la respuesta inmediata puede ser determinante.