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Presidenta encargada de Venezuela promulga ley de amnistía

EL ECONOMISTA. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró el jueves que "hay que saber pedir perdón" tras promulgar una histórica ley de amnistía, que el Parlamento aprobó momentos antes y que debe traducirse en la liberación masiva de presos políticos.

"Hay que saber pedir perdón y hay que saber también recibir perdón", dijo Rodríguez desde el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, constató la AFP.

Pidió a varias comisiones judiciales y a una nueva creada por la norma aprobada el jueves revisar "casos no contemplados en la ley de amnistía" y que "den las recomendaciones pertinentes para curar heridas", aunque no especificó a qué casos se refería.

La ley aprobada contempla la amnistía por la participación en protestas políticas y "acciones violentas" ocurridas durante un breve golpe de Estado en 2002, así como en manifestaciones o elecciones en ciertos meses de 2004, 2007, 2009, 2013, 2014, 2017, 2019, 2023, 2024 y 2025. Quedan excluidas las personas condenadas por "rebelión militar" por su participación en los sucesos de 2019.

El texto, de 16 artículos, no detalla los delitos exactos que podrían acogerse a la amnistía, aunque un borrador anterior sí establecía varios, como la instigación a actividades ilegales, la resistencia a las autoridades, la rebelión y la traición.

Tampoco devuelve los bienes de los detenidos, ni revoca las inhabilitaciones para ejercer cargos públicos por motivos políticos, ni cancela las sanciones contra medios de comunicación, como habría hecho al menos un borrador anterior.

Muchos miembros de la oposición y exfuncionarios disidentes residen en otros países para evadir órdenes de arresto que, según ellos, tienen motivaciones políticas.

Si bien la ley permite a las personas en el extranjero designar un abogado para presentar una solicitud de amnistía en su nombre, tendrían que comparecer personalmente en Venezuela para que se les conceda, y la ley solo cubrirá a personas que "hayan cesado en la ejecución de los hechos constitutivos de delito", una especificación que podría excluir a muchos que han continuado su activismo desde otros países. La ley elimina las órdenes de arresto internacionales para quienes reciben amnistía.

Según la ley, los tribunales deben decidir sobre las solicitudes de amnistía en un plazo de 15 días.