INFOBAE. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo clave que limita las facultades de los municipios en México sobre las viviendas abandonadas, al establecer que no pueden ocuparlas, rentarlas ni transferir su uso a terceros, incluso si están deshabitadas.
La decisión surge tras invalidar una normativa del municipio de Hermosillo, Sonora, y sienta un precedente nacional en materia de derecho a la propiedad privada.
Este criterio responde a una controversia constitucional que cuestionó un reglamento local que permitía a autoridades municipales intervenir inmuebles sin autorización legal suficiente.
El máximo tribunal del país determinó que los municipios no tienen facultades para disponer de bienes privados, aunque estos se encuentren en abandono.
En concreto, la SCJN:
La Corte concluyó que permitir este tipo de prácticas vulnera el derecho de propiedad y excede las atribuciones de los gobiernos locales.
El fallo fue contundente: ninguna autoridad municipal puede apropiarse, administrar o permitir el uso de inmuebles privados, aun cuando estén desocupados.
Esto incluye acciones como:
Según la resolución, estas medidas representan una violación a los principios de legalidad, seguridad jurídica y propiedad privada.
La SCJN determinó que el ayuntamiento de Hermosillo invadió facultades exclusivas del Congreso estatal, que es la única instancia con atribuciones para legislar sobre la posesión y uso de bienes particulares.
El ministro ponente señaló que el municipio rebasó su potestad reglamentaria, al crear mecanismos que en la práctica permitían disponer de propiedades privadas.
Además, el fallo advierte que este tipo de normas podría derivar en ocupaciones sin indemnización, afectando especialmente a personas en situación vulnerable.
Aunque la Corte limitó estas facultades, no dejó sin herramientas a los gobiernos locales.
Entre las acciones que sí están permitidas destacan:
Sin embargo, estas medidas no pueden implicar despojo, uso o aprovechamiento del inmueble.
La resolución de la SCJN refuerza la protección del derecho de propiedad en México, al impedir que autoridades locales dispongan de inmuebles sin base legal.
Esto implica que:
Incluso organismos como el Infonavit respaldaron la decisión, al considerar que brinda certeza jurídica en torno al manejo de viviendas abandonadas.
El caso de Hermosillo surgió en un contexto donde autoridades buscaban combatir problemas de seguridad, salud y deterioro urbano provocados por viviendas deshabitadas.
Sin embargo, la SCJN dejó claro que estos objetivos no justifican la vulneración del derecho a la propiedad, por lo que cualquier regulación deberá provenir del Poder Legislativo estatal.
Este fallo marca un antes y un después en la gestión de casas abandonadas en México, al establecer límites claros: los municipios pueden regular, pero no apropiarse ni explotar inmuebles privados.