Nacional / Cuenca del Golfo

Sin aval de Congreso, Nahle refinanció deuda pública de Veracruz y elevó pasivos: SHCyP

LA SILLA ROTA. El refinanciamiento de la deuda de Veracruz por parte del gobierno de Rocío Nahle García —que llevó a contratar dos nuevos créditos por 4 mil 908 millones de pesos con el banco BBVA— ha generado críticas debido a la falta de información y por concentrar en una sola institución bancaria gran parte de los recursos estatales.

Además de tener cinco créditos a largo plazo, BBVA administra la nómina de más de 90 mil burócratas del gobierno del estado y maneja 29 fondos de recursos de salud, seguridad y educación. En diciembre del año pasado BBVA también apoyó a dispersar un bono de fin de año a más de 17 mil trabajadores de la Secretaría de Salud.

Si bien la Ley de Disciplina Financiera da margen de maniobra al gobierno, al plantear que puede refinanciar los pasivos sin la autorización del Congreso, en el pasado los gobiernos del PRI, PAN y del morenista Cuitláhuac García Jiménez sí pidieron autorización a los legisladores locales para renegociar los pasivos.

La forma cómo se manejó la reestructura desde la Secretaría de Finanzas y Planeación, a cargo de Miguel Santiago Reyes Hernández, que se había anunciado desde febrero de 2025 por parte de la gobernadora, llevó a diputados de oposición a exigir que se aclaren los beneficios de entregar a la banca privada la deuda de Banobras, que siempre ofrece tasas preferenciales y más bajas.

Además, se planteó que el dinero que se va a ahorrar en el pago de los intereses y capital de la deuda se etiquete para obras o programas sociales, y evitar que el dinero se quede a libre disposición de la titular del Ejecutivo como “caja chica”. Este año se etiquetaron 7 mil 677 millones de pesos para el pago de intereses y abono a capital de los 19 créditos que estaban vigentes hasta el mes de diciembre de 2025.

¿Qué dicen los números?

El estado de Veracruz registra 21 créditos bancarios por 53 mil 640 millones de pesos, de acuerdo con el Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda, actualizado al mes de marzo. No obstante, al cierre de 2025 el saldo reportado por la dependencia federal detalla que los créditos a largo plazo tenían un saldo de 45 mil 727 millones de pesos.

En ese momento, en diciembre de 2025, el estado tenía 19 créditos bancarios; de esos, 10 eran con Banobras, tres con BBVA y Santander; dos más con Banorte y uno con Banco del Bajío. Banobras era el banco que concentraba el mayor monto de los pasivos al sumar más de 30 mil millones de pesos, es decir, de cada 100 pesos destinados a la deuda, al menos 58 se entregaban a la banca de desarrollo.

Como parte de este proceso de renegociación de la deuda, en marzo de 2026 se registraron dos nuevos créditos con BBVA por un monto conjunto de 4 mil 908 millones de pesos. Los datos públicos detallan que el estado entregó como fuente de financiamiento el Fondo General de Participaciones Federales, y ambos créditos fueron contratados en el mes de enero de 2026 y serán liquidados en abril de 2040.

Nahle justifica la negociación

El gobierno del estado sostuvo que la renegociación de dos créditos heredados con Banobras y que fueron transferidos a BBVA no representa la contratación de nueva deuda, sino una estrategia para mejorar las condiciones financieras. En un comunicado que se circuló el pasado 15 de abril, se planteó que la operación permitirá reducir el pago de intereses y liberar recursos para inversión pública, como parte de un plan de saneamiento de las finanzas estatales.

La gobernadora Nahle aclaró que no fue necesario solicitar autorización al Congreso, ya que se trata de un proceso de refinanciamiento, y explicó que la coexistencia temporal entre los créditos originales —19— y los nuevos en los registros es un procedimiento administrativo normal que no implica un incremento en el endeudamiento.

Asimismo informó que la mejora en las condiciones de estos financiamientos, junto con la optimización de otros créditos, generará ahorros estimados por 155 millones de pesos este año y permitirá liberar más de 18 mil millones de pesos en participaciones hasta 2040.

Los registros sí reportan más deuda

Los datos públicos no coinciden con el discurso oficial, pues el registro total de deuda al mes de marzo es de 53 mil 640 millones; el saldo al 31 de diciembre, el pasivo era de 45 mil 727 millones de pesos, lo que implica una diferencia de 7 mil 912 millones de pesos entre lo pagado y lo contratado hasta marzo de este año.

En el boletín informativo se mencionó que coexiste la deuda que ya se pagó a Banobras y los dos nuevos créditos de 4 mil 908 millones de pesos, y que en breve se verá reflejada la reducción de pasivos. No obstante, si se descuentan los nuevos créditos a la diferencia que reporta el registro de diciembre a marzo, se observa un incremento en la deuda de 3 mil 53 millones 714 mil 806 pesos, respecto de lo que se debía en diciembre.

Qué dice la ley

La Ley de Disciplina Financiera establece que los gobiernos estatales pueden refinanciar su deuda —es decir, cambiar un crédito por otro— sin necesidad de solicitar autorización al Congreso local, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. De acuerdo con la normativa, este tipo de operaciones solo puede realizarse si representa una mejora en las condiciones del financiamiento, como una reducción en la tasa de interés o en el costo total del crédito.

Además, la ley señala que el refinanciamiento no debe implicar un aumento en el monto de la deuda ni la ampliación del plazo original de pago. Es decir, el gobierno puede modificar la forma en que paga, pero no incrementar lo que debe ni extender el tiempo para liquidarlo.

En cuanto al procedimiento, la legislación establece que las autoridades deben garantizar que el nuevo financiamiento se contrate en las mejores condiciones del mercado, lo que implica realizar comparaciones entre distintas instituciones financieras y seleccionar la opción más conveniente.

Si bien existen excepciones en las que no es obligatorio llevar a cabo un proceso competitivo —por ejemplo, cuando el nuevo crédito sustituye totalmente al anterior—, la ley sí obliga a las autoridades a contar con un análisis que respalde la decisión. Asimismo, dicho análisis debe ser público, a fin de que pueda verificarse que la operación representa un beneficio financiero para el estado.

En el portal de la Sefiplan no hay información disponible sobre el proceso de contratación de los créditos. La renegociación o reestructuración de la deuda también implica la contratación de un despacho externo para hacer la negociación, que genera un gasto adicional a Sefiplan; sin embargo, tampoco hay datos al respecto.

Diputada defiende: gobernadora no estaba obligada a pedir autorización del Congreso

La presidenta del Congreso de Veracruz, Naomi Gómez Santos, afirmó que la gobernadora Rocío Nahle no estaba obligada a pedir autorización a los diputados locales para renegociar la contratación de dos créditos con la banca privada. Recordó que solo cuando se aumenta la deuda del estado o los municipios es cuando se requiere la autorización del Congreso de Veracruz: “en este caso no hay argumento jurídico para que podamos entrar”.

Explicó que el titular de Sefiplan, Miguel Santiago Reyes, se reuniría con las y  los diputados de Morena para explicar cómo se logró una tasa preferencial, y minimizó que el banco maneje gran parte del presupuesto del estado al tener la nómina de más de 94 mil burócratas y manejar 29 fondos de seguridad, educación y salud.

Diputados de oposición piden explicar contratación de créditos

Diputados de oposición solicitaron al gobierno del estado transparentar el proceso mediante el cual se realizó la renegociación de créditos bancarios. La legisladora del PAN, Indira Rosales San Román, señaló que la administración estatal se habría aprovechado de un “resquicio” de la Ley de Disciplina Financiera para concretar la operación, y afirmó que el procedimiento debió contemplar una licitación pública para que diversas instituciones presentaran sus propuestas.

“Aquí hacen la reestructura en lo oscurito, realmente no sabíamos el monto de la tasa de interés en Banobras y en cuánto queda en Bancomer. Mandaron un comunicado que no hablaba de lo importante”, expresó.

La diputada solicitó una reunión con el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Miguel Reyes, para que explique a los legisladores locales los términos en los que se concretó la negociación de los nuevos créditos. Asimismo, cuestionó por qué se concentró en una sola institución financiera el manejo de los recursos estatales. “Esto genera duda”, indicó.

En ese sentido, planteó que, en caso de que exista una reducción en el pago de intereses tal como se difundió en el boletín del gobierno, los recursos liberados se etiqueten para el sector turismo, pesca, desarrollo económico o la reconstrucción en el norte del estado, a fin de evitar que el dinero se utilice de manera discrecional, como “caja chica”.

Por su parte, la diputada del PRI, Ana Rosa Valdés, advirtió que este tipo de operaciones deben analizarse con cautela, al señalar que la banca privada no pierde, por lo que consideró que la negociación podría incluir condiciones que, a largo plazo, tendrán un efecto negativo en las finanzas del estado.

La legisladora sostuvo que cualquier proceso relacionado con el manejo de recursos públicos debe ser transparente y darse a conocer al Congreso local. “Dar las autorizaciones y que se pueda discutir decisiones como esas”, expresó. Añadió que, en la aprobación del presupuesto estatal, no se estableció un monto para la contratación de deuda a corto plazo, por lo que cualquier movimiento financiero de este tipo debería ser consultado con el Congreso.

Finalmente, exigió que el secretario de Finanzas envíe un informe detallado, más allá de su comparecencia, en el que explique las razones de la negociación y sus implicaciones para las finanzas públicas del estado.