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Argentina: ordenan embargar bienes de la ex presidenta Cristina Fernández y sus hijos

LA JORNADA. La justicia, en una medida confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal ordenó el embargo y ejecución de los bienes de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, y otros condenados en la causa conocida como “Vialidad”, que estaba ya cerrada por absoluta falta de pruebas, incluyendo ilegalidad jurídica porque se trataba de obra pública en la provincia de Santa Cruz y que fue reabierta con la finalidad de llevar a prisión a la ex mandataria, que desde junio pasado está en arresto domiciliario.

Si se embargan todos sus bienes, incluso los anteriores a su llegada al gobierno que también fueron incluidos, para subastarlos públicamente, no se sabe si la ex mandataria podrá continuar su detención en el departamento de su hija, o se cumplirá con la “sugerencia” del embajador de Estados Unidos, que al llegar a Buenos Aires el año pasado, consideró que Fernández de Kirchner debía estar presa en una cárcel.

Al mismo tiempo, la justicia acaba de cerrar una causa abierta a la esposa del jefe de gabinete Manuel Adorni, quien está siendo investigado al descubrirse la adquisición de inmuebles de altísimos costos producto de una fortuna lograda en dos años y meses de gobierno, que no se condice con su declaración jurada, como funcionario de este gobierno.

El cinismo es mayor cuando en los embargos dispuestos contra la ex presidenta se intenta cubrir un monto “actualizado” de más de 684 mil millones de pesos argentinos (unos 500 millones de dólares) para reparar los daños económicos causado al Estado, que el presidente, Javier Milei, confesó públicamente, que demolería, como un “topo” dentro el mismo.

En un escenario de amenazas contra la prensa, persecución política y de corrupción abierta no se ha podido elevar a juicio ninguna de las causas abiertas contra el mandatario, como es el caso de su involucramiento en la mega-estafa de la criptomoneda Libra (2025) que afectan también a su hermana, Karina Milei, Secretaria General de la presidencia, denunciados por importantes estudios jurídicos y la justicia de Estados Unidos.

Otra causa abierta, que también involucra a Karina Milei, es por sobornos; se habría quedado con dinero de medicamentos destinados a la institución que ampara a discapacitados en todo el país, hoy abandonados a su suerte.

Hay decenas de causas que duermen en los juzgados del “partido judicial” como la compra de voluntades que convirtió al Congreso en epicentro de corrupción, para que votaran sus leyes.

Entre estos figura el caso del oro argentino en resguardo en el Banco Central, que, entre junio y agosto de 2024, fue llevado supuestamente a la banca de Londres, bajo responsabilidad del ministro de Economía, Luis Caputo; un estudio jurídico de Estados Unidos reveló que el oro no está en Londres y después de varias demandas, Caputo respondió que “por razones de seguridad” no podía informar sobre el destino del metal.

En las últimas horas el mandatario “agradeció” al juez Víctor Arturo Pesino por revocar la cautelar lograda por la Confederación General del Trabajo para frenar artículos de la Reforma Laboral impulsada por el gobierno -que anula todos los derechos de los trabajadores- y ordenó activar trámites para que Pesino continúe en la Cámara Nacional del Trabajo después de cumplir los 75 años, lo que no está permitido judicialmente.

En este entramado de situaciones surge otro intento del presidente de Estados Unidos Donald Trump por “ayudar” a la campaña electoral de Milei de “exigir” a Gran Bretaña la devolución de las Islas Malvinas a Argentina, ante lo que Londres reaccionó con dureza el gobierno británico.