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Corte cierra caso de las estancias infantiles; cuidadoras y familias no pueden reclamar, determina

ANIMAL.MX. Por unanimidad de votos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cerró en definitiva una demanda de amparo promovida por operadoras de estancias infantiles así como padres de familia contra la eliminación del antiguo programa de estancias infantiles, al determinar que las y los niños ‘afectados’ ya crecieron y que las personas que cuidaban a los infantes y sus familias ya no pueden reclamar.

De esta forma, las ministras y ministros de la Corte resolvieron el amparo en revisión 433/2023, un recurso con el que las cuidadoras y familias buscaban impugnar las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019, documento que eliminó el esquema anterior de estancias infantiles. 

La decisión de cancelar el esquema tradicional de estancias infantiles se tomó el 28 de febrero de 2019, año correspondiente al inicio del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que el gobierno dejó de subsidiar a las operadoras de estos centros de cuidado infantil para, en su lugar, entregar los apoyos económicos de manera directa a los padres, madres o tutores, una medida que fue duramente criticada.

En su resolución, el máximo tribunal determinó desechar la mayoría de los reclamos presentados tanto por las responsables de las estancias infantiles como por sus familias, otorgando el amparo únicamente por una falla administrativa por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

¿Por qué perdieron las dueñas de las estancias?

En primer lugar, las personas que administraban y operaban las estancias infantiles reclamaron que el gobierno les quitó el programa y afectó sus ingresos, vulnerando así sus derechos humanos.

Sin embargo, la Corte les dijo que ellas carecen de “interés jurídico y legítimo”, por lo que no tienen derecho a reclamar porque el programa social nunca fue creado para beneficiar a los negocios, sino a las familias.

A través de su proyecto de sentencia, el ministro Irving Espinosa Betanzo (ponente del asunto) explicó que, con las nuevas reglas, el gobierno decidió entregar el dinero directamente a las madres y padres de familia.

Es decir, que las estancias infantiles solamente eran “auxiliares” o ayudantes del gobierno para cuidar a los niños, por lo que no pueden exigir que el programa vuelva a ser como antes.

Los niños afectados ya son muy grandes; superaron la edad límite del programa

Por otro lado, varias mamás, papás y niños también demandaron al gobierno porque les quitaron el servicio de cuidado infantil. La Corte reconoció que ellos sí eran los verdaderos afectados, pero se toparon con un gran problema: el tiempo.

Las reglas dicen que el programa solo ayuda a niños desde 1 año hasta un día antes de cumplir los 4 años. Como esta decisión se tomó hasta el año 2026, los niños que iniciaron la demanda ya crecieron.

En otras palabras, el motivo principal fue que, al momento de dictar esta resolución en 2026, los menores involucrados ya superaron la edad límite de cuatro años para recibir el programa de 2019.

En su proyecto, el ministro Espinosa Betanzo explicó que, aunque quisieran darles la razón, ya es imposible regresarles el servicio de guardería porque ya no cumplen con la edad requerida. Por esta razón, su caso también fue cerrado.

Un solo ‘regaño’ para la Auditoría Superior

La única victoria legal que ganaron las personas que demandaron fue un reclamo en contra de la ASF, pues en el año 2019 presentaron una queja para que se investigara cómo se estaba gastando el dinero del nuevo programa.

La ASF se defendió diciendo que sí hizo un documento para responderles en mayo del mismo año, pero no pudo probar que realmente se los haya entregado.

En este sentido, la Corte estableció que el gobierno tiene la obligación de responder y entregar la respuesta en las manos de los ciudadanos, por lo que le ordenó a la ASF que busque a las personas y les entregue formalmente la decisión sobre su queja.

Con esto, la Suprema Corte pone fin al largo pleito legal, dejando claro que el nuevo sistema de entregar dinero en efectivo a los padres se queda como está.