Tamaulipas / Cd. Victoria

Américo lanza reforma contra reelección y herencias políticas

ELEFATE BLANCO. La discusión sobre el control del poder político y los gastos en las instituciones electorales llegó al Congreso de Tamaulipas con una iniciativa que plantea modificar de fondo las reglas de participación y representación en el estado.

El gobernador Américo Villarreal Anaya envió a la Legislatura 66 una propuesta de reforma electoral que contempla poner fin a la reelección inmediata de funcionarios de elección popular, prohibir candidaturas ligadas por parentesco con autoridades en funciones, reducir el número de integrantes en los cabildos municipales y limitar privilegios en órganos electorales.

El documento fue recibido por el Congreso el 25 de mayo de 2026. La iniciativa no establece por sí misma la convocatoria a un periodo extraordinario ni fija una fecha de votación; ese trámite corresponderá al Congreso local, que deberá turnarla a comisiones, dictaminarla y, en su caso, llevarla al Pleno.

La propuesta busca adecuar la Constitución local a los cambios aprobados a nivel federal en materia de austeridad republicana, combate al nepotismo político y prohibición de reelección consecutiva, en medio de un escenario nacional marcado por el debate sobre privilegios y permanencia en el poder.

Entre los cambios más relevantes se encuentra la eliminación de la reelección consecutiva para diputadas y diputados locales, quienes ya no podrían competir para permanecer de manera inmediata en el cargo.

A la par, se establece un candado para impedir que familiares directos de servidores públicos en funciones accedan a determinadas candidaturas.

La restricción aplicaría en los casos de aspirantes a diputaciones locales, gubernatura y presidencias municipales cuando exista matrimonio, concubinato o parentesco por consanguinidad hasta cuarto grado o afinidad hasta segundo grado con quien ocupe el cargo correspondiente.

Sin embargo, el propio régimen transitorio precisa que las reformas relacionadas con la prohibición de nepotismo entrarán en vigor para el proceso electoral 2026-2027, pero las relativas a la prohibición de reelección de personas servidoras públicas mencionadas serán aplicables a partir del proceso electoral estatal de 2030. En consecuencia, quienes estén en funciones al momento de aprobarse la reforma no quedarían impedidos para postularse por esa causal antes de ese proceso.

Otro de los apartados plantea adelgazar la integración de los ayuntamientos. De aprobarse, los cabildos quedarían conformados por una presidencia municipal, una sindicatura y hasta 15 regidurías, bajo criterios de paridad de género, perspectiva de género e igualdad sustantiva.

La iniciativa también señala que la nueva integración de ayuntamientos surtirá efectos a partir de los gobiernos que resulten del proceso electoral 2026-2027 y subsecuentes. Los ayuntamientos que actualmente tengan más de 15 regidurías conservarían su integración actual hasta concluir su periodo.

La propuesta también apunta hacia los organismos electorales, donde se pretende limitar percepciones y eliminar prestaciones consideradas excesivas.

Consejeros del Instituto Electoral de Tamaulipas y magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas perderían beneficios como seguros médicos privados, fondos especiales de retiro, cajas de ahorro especiales y otros apoyos adicionales al salario.

En materia presupuestal, la iniciativa fija además un tope para el gasto legislativo, al establecer que el presupuesto anual del Congreso del Estado no deberá superar el 0.70 por ciento del gasto total estatal.

El decreto plantea que, si es aprobado, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. No obstante, la aplicación de varios de sus efectos quedaría sujeta a los plazos transitorios previstos para los procesos electorales de 2026-2027 y 2030.

Según la exposición de motivos, la intención es construir instituciones “más eficientes, austeras y cercanas a la ciudadanía”, además de liberar recursos públicos para destinarlos a áreas prioritarias para las familias tamaulipecas.

El documento sostiene que estas medidas permitirían reducir la concentración del poder político, fortalecer la equidad en las contiendas electorales y responder al reclamo social de disminuir privilegios dentro del servicio público.

Ahora corresponderá al Congreso local revisar el contenido de la reforma, debatir sus alcances, definir si la procesa en un eventual periodo extraordinario o dentro del calendario legislativo ordinario, y aprobarla o rechazarla.