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Paraquat, el veneno invisible de la guerra contra las drogas en México

PROCESO. A pocos metros de las copas de los encinos un helicóptero del Ejército sobrevoló el boscoso municipio General Heliodoro Castillo en la sierra de Guerrero, uno de los estados con mayor incidencia de cultivos de amapola en el país, que tuvo su mejor momento económico en la década pasada impulsada por la demanda de opioides en Estados Unidos.

Oscar, un niño de 10 años, pasaba sobre la vereda, a la orilla de un plantío de amapola, cuando vio el helicóptero rondar sobre su cabeza. De la aeronave llovía un líquido blanco, como un rocío. El niño no sabía qué le lanzaron, pero en esta zona se emplea desde los años 70 un herbicida altamente tóxico llamado Paraquat para la erradicación de cultivos considerados ilícitos. Sólo durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el Ejército gastó al menos cinco millones 582 mil pesos, unos 323 mil 597 dólares, en la adquisición de más de 65 mil litros de Paraquat para fumigar plantíos de amapola y marihuana en el país.

El padre de Oscar lo esperaba al otro lado cuando comenzó a ver que caía herbicida sobre su hijo y corrió hacia él. Oscar lloraba desconsolado, estaba muy asustado. Pasó por ahí con el mandado y terminó fumigado.

En la noche, Oscar sentía que su cuerpo ardía, quemaba. Su mamá lo metió a bañar, pero la incomodidad y el ardor no lo dejaron dormir. La piel del niño tuvo una reacción alérgica, le salió sarpullido. Al día siguiente lo llevaron a la clínica más cercana, a 66 kilómetros, por caminos sinuosos, pero era sábado y no había quién lo atendiera. En esta región ubicada en la Sierra Madre del Sur, donde las pequeñas comunidades están perdidas entre las montañas, conectadas por caminos sin pavimentar, los médicos son escasos. Muchos se fueron por la violencia de la guerra entre grupos criminales locales. En Puerto del Gallo, en la punta de la sierra de Heliodoro Castillo, no hay doctor desde hace dos años. En comunidades serranas del mismo municipio como Campo Morado y Pueblo Viejo no ven un médico desde hace tres años. La familia de Oscar lo llevó a una clínica particular a cuatro horas de trayecto, en Atoyac de Álvarez, en la costa grande de Guerrero, donde hay mayor infraestructura de salud, y con medicamentos, cuyos nombres no recuerdan, lograron controlar el malestar.

El episodio ocurrió en marzo de 2022, —solo ese mes se usaron 380 litros de Paraquat en Guerrero—, y refleja un problema constante desde hace décadas en esta región marginada, el uso indiscriminado de herbicidas tóxicos sobre los territorios donde campesinos cultivan mariguana y amapola, pese a los riesgos ambientales y para la salud que entraña su uso.  También se fumiga con herbicidas en otros estados del país como Sinaloa, Durango, Chihuahua y Nayarit. De hecho, Sinaloa concentra más de dos tercios del Paraquat aplicado en los últimos cinco años.

 

Paraquat, goma de opio y fentanilo

El Paraquat es un herbicida de alta toxicidad, de acuerdo con la Red de Acción en Plaguicidas (PAN International). Sus daños han sido ampliamente estudiados: puede causar estragos en el sistema nervioso central, incrementa el riesgo de Parkinson, causa afectaciones al hígado, riñones, esófago, y no tiene antídoto, dice en entrevista Fernando Bejarano González, director de la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM). El especialista asegura que la concentración que emplea el Ejército en las aspersiones aéreas a 25% –de acuerdo con el anexo técnico de las licitaciones para su compra–, es la misma fórmula para uso agrícola, por lo que el efecto nocivo del herbicida es similar al documentado en el mundo.

“El impacto que pueda tener en poblaciones cercanas no se puede ignorar”, dice Bejarano. “Tendría que haber una evaluación de este tipo de aplicaciones aéreas, realmente su efectividad, y un monitoreo epidemiológico y ambiental de las consecuencias en comunidades vecinas que se dedican a producir, a ganarse la vida, y que están sufriendo por esta deriva. Es un problema que no se ha evaluado lo suficiente, está invisibilizado y es una compra permanente de grandes volúmenes”.

El dicloruro de Paraquat fue producido industrialmente para su venta en Reino Unido en 1961, que prohibió su uso en 2007. Este químico está prohibido en más de 70 países. En México fue introducido en 1969 y está autorizado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) pese a que en 2026 Syngenta, uno de sus principales fabricantes mundiales, anunció que cesará la producción global del plaguicida, en medio de demandas en Estados Unidos por ciudadanos que enfermaron de Parkinson. 

A cuatro años fumigado, Oscar ahora es un adolescente, sin secuelas aparentes. Su familia dice que no dieron seguimiento médico porque “está bien”. En el intervalo esta región guerrerense históricamente amapolera fue abandonando este cultivo. 

Entre 2019 y 2022 el cultivo de amapola en México perdió más de 60% de su superficie calculada, pasó de 24 mil 141 a nueve mil 790 hectáreas, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) que atribuye la caída a una combinación de factores, como las acciones de erradicación del gobierno –sin mencionar las fumigaciones aéreas–, el programa gubernamental Sembrando Vida –un apoyo mensual de seis mil 450 pesos para productores del campo– y al mercado de drogas en Estados Unidos donde proliferan opioides sintéticos, como el fentanilo, en lugar de la heroína, que se produce a partir de la goma de opio. Las incautaciones de heroína registradas por la Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) cayeron 77 por ciento en cinco años, de 1,498 kilogramos en 2020 a 344 en 2024, desplazadas por el fentanilo.

Actualmente a los campesinos les pagan seis pesos (0.35 dólares) por kilo de goma de opio, dicen amapoleros de manera anónima. Uno de ellos recuerda con nostalgia 10 años atrás cuando podían ganar hasta 28 mil pesos por kilo (que equivalía entonces a mil 480 dólares). Orillados por la caída de 99.9% del precio del producto, campesinos de la sierra de Guerrero comenzaron a cosechar aguacate y durazno como parte del programa Sembrando Vida, que funcionó, sin quererlo, como política de sustitución de cultivos ante el desplome de la goma de opio.

El auge del fentanilo le pegó a los productores de amapola en los bolsillos. El flujo total de dinero hacia las comunidades productoras cayó de 19 mil millones de pesos (un billón de dólares) a siete mil millones de pesos (370 millones de dólares) de 2017 a 2018 y disparó la migración en estas zonas hacia Estados Unidos, explicaron en un artículo titulado The Last Harvest? From the US Fentanyl Boom to the Mexican Opium Crisis, los investigadores Romain Le Cour Grandmaison, Nathaniel Morris y Benjamin Smith.

Leonardo, de 34 años, dejó de sembrar la amapola porque se devaluó, pero también porque le fumigaron su plantío hace siete años en la sierra de Guerrero. Todo se secó, hasta los pinos de alrededor. Cuando quiso comenzar a cultivar otra cosa en esas tierras, como el maíz, ya no se dio. “Yo también andaba ahí en el trabajo (en el campo de amapola), hasta a mí me cayó, pero no me pasó nada. Mi parcela se vio perjudicada porque se secaron los árboles, los pinos y al siguiente año quise sembrar maíz y ya no nació”. Ahora siembra maíz, frijol y calabaza en otra parcela. 

 

No al glifosato, pero sí al paraquat contra las drogas

En su Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador prometió un cambio en la política contra las drogas heredada de sus predecesores. “La estrategia prohibicionista es ya insostenible”, señaló. Impulsó Sembrando Vida para ofrecer a los campesinos alternativas de ingresos. También intentó prohibir el glifosato. Dos decretos en 2020 y 2023 establecieron su eliminación gradual hasta conseguir un sustituto que no dañe la salud. Pero no intentó prohibir el Paraquat.

La Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, del Poder Ejecutivo Federal, alertó que este químico es extremadamente tóxico. Durante el gobierno de López Obrador la Secretaría Ejecutiva de la Comisión señaló su peligro para animales y humanos, con una tasa de mortalidad entre 60 y 80% tras una exposición aguda. También advirtió sobre lesiones pulmonares, hepáticas, renales y miocárdicas. Pero nada ha limitado su uso. 

Durante su gobierno (1 de diciembre de 2018 a septiembre de 2024) se fumigaron con herbicidas al menos 13 mil 141 hectáreas de amapola y mariguana –el equivalente a más de 17 mil campos de futbol reglamentarios– en el país, de acuerdo con solicitudes de información pública a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Las fumigaciones áreas fueron 16.8% del área total erradicada de cultivos declarados ilícitos en el sexenio de AMLO: 78 mil 10 hectáreas entre fumigación y erradicación manual, según la Memoria Documental MD-24 de la Sedena. La mitad del área de la Ciudad de México.

En el sexenio anterior, de Enrique Peña Nieto, la erradicación total en el país fue más del doble: 190 mil 709 hectáreas, de las cuales 27,341 –el 14.3%– corresponden a fumigación aérea, de acuerdo con solicitudes de información. 

Con AMLO, las importaciones de Paraquat las hicieron empresas mexicanas a países como India o China. En este último su uso está prohibido. Las empresas mexicanas que obtuvieron los contratos con el Ejército son Síntesis y Formulaciones de Alta Tecnología, que le vendió 25 mil litros; una persona moral, Paulette Kibrit Bucay, que suministró 22 mil litros; Latin Agro-Farma, más de 10 mil litros y Susst Dhalco, ocho mil litros.

Para este reportaje se solicitaron vía transparencia los contratos de 2025 y 2026, pero el Ejército sólo entregó los documentos de las adquisiciones de plaguicidas para los viveros forestales que administra. La Sedena respondió a solicitudes de información que en 2025 y hasta abril de 2026 sí se usó Paraquat en el país, se han destruido 1,353 hectáreas de amapola y marihuana, principalmente en Sinaloa, Chihuahua y Durango, y en menor medida en Guerrero,para lo que se han empleado nueve mil 476 litros. También se pidió una entrevista al Ejército, pero hasta el cierre de edición no hubo ninguna respuesta.

 

La sierra de Guerrero resiste al Paraquat

Agricultores de la sierra de Guerrero se han opuesto desde hace varios años a los herbicidas que les caen del aire. Protagonizaron protestas en la capital del estado, Chilpancingo, y en ocasiones lanzaron cohetes contra los helicópteros.

En las comunidades de la sierra de Guerrero han visto tantas veces llover este veneno que temen a los helicópteros del Ejército. Cuando los ven surcar el cielo corren de inmediato, les arrojan piedras desde los plantíos o hacen señas que no los fumiguen.

Vecinos le dijeron al campesino Rubén Márquez Márquez de Pueblo Viejo, Heliodoro Castillo, que colocara unos banderines o listones rojos en su terreno para señalar que no era de amapola, pero aún así en 2020 le fumigaron sus hortalizas y las perdió. “Le grité y le señalé que no fumigaran, y hasta a mí me echaron y me afectó en los ojos, me empezó a dar alergia”, recuerda. 

“Mucha gente no corre de sus plantíos porque la misma necesidad nos obliga a decir ‘no fumiguen, hay gente’. Hay ocasiones que hasta hay mujeres en los plantíos y hacen señas de que no fumiguen”, pero igual las fumigan, dice Abelino Ontiveros, padre de Óscar.

“Gracias a Dios, Oscar está bien, pero ahora sí que el gobierno cuando haga su trabajo que se fije”, pide.

Abelino es parte de una organización campesina de la sierra llamada Comisarios Unidos, que representa a 66 pueblos de Heliodoro Castillo y algunos del vecino San Miguel Totolapan, dos de los municipios de la Sierra de Guerrero con mayor superficie de cultivos de amapola destruidos en los cinco años anteriores a la implementación del programa Sembrando Vida, que arrancó en el estado en 2020, de acuerdo con datos del reporte Sembrando Vida, cultivos ilícitos y violencia rural en México del investigador Paul Frissard.

El hombre, un treintañero moreno, alto, de estilo vaquero, es enlace entre el gobierno del estado y los comisarios: la máxima autoridad civil en las comunidades rurales. La organización a la que pertenece surgió en octubre de 2023 para pedir a los gobiernos estatal y federal médicos, agua potable o caminos pavimentados, además de un expendio para vender sus productos agrícolas y también exigir que cesaran las fumigaciones. 

En la sierra de Guerrero casi todos los campesinos conocen el nombre del herbicida. “Por su olor, por su color, sabemos que es Paraquat”, dice uno de ellos. El Paraquat es blanco, pero tiene una tonalidad azul-verdosa, ligeramente color menta y un olor penetrante, picante. Sin embargo, nadie sabe con exactitud si su uso no selectivo, que afecta a plantíos legales e ilegales por igual, ha tenido impactos masivos a la salud o al ambiente, pues ningún gobierno ha investigado ni documentado sus efectos. La Secretaría de la Defensa Nacional, la del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la de Salud respondieron que no tienen datos sobre impactos ambientales o sanitarios del herbicida, a solicitudes de información pública enviadas para esta investigación.

Genera mucha preocupación entre los Comisarios Unidos. Nosotros le decimos al gobierno, saben qué, no estamos en contra, pero no manden los helicópteros, si quieren trabajar háganlo por tierra -comenta Ontiveros.

Lo que dice Abelino coincide con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que en 2019 recomendó prohibir las fumigaciones aéreas para erradicar cultivos ilícitos a menos que los productos químicos no representen un riesgo para la salud y el ambiente comprobables. Marcos A. Orellana, relator especial de la ONU sobre Tóxicos y Derechos Humanos, recomendó a México prohibir plaguicidas usados en la agricultura que posean fuertes indicios de afectación a la salud humana o de polinizadores, entre ellos el Paraquat. La recomendación está fresca, es del 23 de marzo de 2026 y nadie la ha tomado en serio, excepto los campesinos.

Isaías García, un hombre moreno de ojos verdes, enlace de los Comisarios Unidos de la comunidad serrana Campo Morado, es testigo de lo que alerta la ONU. “Fumigaban cerca de los ojos de agua y esa agua se consume y sale abajo a los manantiales y la gente tomaba esa agua o la toma hasta la fecha y de ahí vienen enfermedades”.

“Si ellos saben que son químicos malos, que perjudican a la gente, ¿por qué lo siguen haciendo?”, pregunta. 

Paraquat: Herbicida contra la agricultura de un pueblo

Para llegar a la comunidad de Pueblo Viejo, Heliodoro Castillo, hay que cruzar media sierra de Guerrero, por carreteras de tierra, sorteando hoyos en el asfalto y curvas peligrosas. De Atoyac de Álvarez a Pueblo Viejo son 119 kilómetros, pero el recorrido lleva tres horas y media por lo intrincado de la ruta.

El abandono gubernamental se hace evidente en cada tramo sin pavimentar, sin alumbrado y hasta en la falta de internet. Los negocios locales contratan internet satelital o de alta velocidad y venden fichas por 10 o 20 pesos la hora. 

Al llegar aparecen las huellas de la violencia. Las fachadas de las casas tienen marcas de balas, como un recordatorio de los enfrentamientos en 2018 entre grupos del crimen organizado, Los Tlacos contra el cártel de la Sierra, en su lucha por controlar este territorio de difícil acceso. Por las calles todavía pasan mujeres y hombres armados, que forman parte de grupos que vigilan la zona para los cárteles. 

Pueblo Viejo está enclavado en la parte alta de la sierra, aquí el clima es fresco y húmedo, apto para maíz, frijol, aguacate, durazno y para la amapola, un cultivo que sobrevive a distintas condiciones climáticas. Llegó a Sinaloa con la migración china a inicios de los años 20, cuenta en entrevista Nathaniel Morris, doctor en historia por la Universidad de Oxford. Se cree que a Guerrero llegó a finales de los 60. “Fue en el 39, con la Guerra Mundial, que los suministradores del opio desde Europa, la ruta que conectaba campos de opio de Turquía con Nueva York cerró por los nazis que andaban en el Atlántico, no se podía pasar. Entonces, volteó el mercado de Estados Unidos para el opio y la morfina hacia México”.

La mayoría de los 871 habitantes de Pueblo Viejo vive de la agricultura, pero muchos de ellos perdieron sus sembradíos por las fumigaciones aéreas del Ejército. A los agricultores de maíz Jaime Durán Martínez, Mauro Guzmán Barragán y Juan Barragán Márquez les fumigaron sus parcelas de aguacates porque estaban cerca de cultivos de amapola. “Me escondí porque decían que el líquido era malo”, cuenta Jaime sobre el momento cuando le mataron su huerto. “Ojalá el gobierno nos pueda echar la mano con un cambio de tierra o a ver cómo nos ayuda, para seguir, porque con eso nos manteníamos”.

Una tras otra las personas se arremolinan frente a la comisaría del pueblo, una especie de sede del gobierno comunitario. Unos 15 pobladores quieren denunciar por primera vez. La señora Paula García, de 69 años, tenía un vivero con duraznos y aguacate, pero lo fumigaron dos veces. En la casa de Paula la cocina es el espacio principal con su enorme horno de barro y el fogón. Todo gira en torno de este lugar, el más grande, con un tablón de madera listo para recibir a quien llegue a comer. Siempre hay café, huevo y una tortilla recién hecha. Paula narra que hace 10 años los militares destruyeron su huerta de una hectárea y media, su fuente de subsistencia.

Ella y su esposo sacaban como 30 cajas de durazno y aguacate por cosecha y las vendían en el turístico puerto de Acapulco. “Cuando la fumigaron como que quisieron retoñar, pero la volvieron a fumigar”, recuerda. “Ya de ahí ya no le echamos, por miedo a que fueran a fumigar otra vez”. Ahora Paula se dedica al hogar y vive con los seis mil 400 pesos (370 dólares) de la pensión para adultos mayores del gobierno.

Tomás Lucena Barrera, de 60 años, otro agricultor de maíz, dice que en 2021 los helicópteros echaron herbicida a los sembradíos de amapola afectando otros cultivos, incluida su parcela. En 2023 volvieron a fumigar. “Aquí es un área maderable, y más abajo tenemos nuestra agricultura, entonces quisiéramos que ya no vengan a seguir quemando nuestros bosques. Ya no se siembra mucho la amapola”, dice Tomás sobre la actividad que trajo tragedia al pueblo.

En ningún caso hubo reparación del daño para los campesinos entrevistados, ni la buscaron porque normalizaron el hecho de que les fumigaran sus cultivos de hortalizas por estar cerca de plantíos de amapola. En el caso de Paula los militares subieron a su esposo a un helicóptero para que les mostrara desde el aire sus tierras fumigadas y demostrara que no tenía sembradíos de amapola. “Le decían que le iban a pagar, pero nunca le dieron nada”, señala Paula.

Por mucho tiempo el cultivo de amapola en comunidades de la Sierra Madre del Sur de Guerrero fue el eje de la economía local, con ese dinero se financiaban los estudios universitarios de los hijos de los amapoleros, se compraban ropa y coches, explica el periodista Lenin Ocampo Torres del periódico El Sur de Guerrero. Lenin ha documentado durante años el boom y caída de la “adormidera”, como también se le llama a la planta. Las comunidades serranas carecen de infraestructura de transporte y vías para la comercialización, pero ahí donde no llegaba nadie a comprar su maíz, aparecían los “acaparadores” como les llaman a los intermediarios, para llevarse la goma de opio, cuenta.

Los campesinos de este pueblo con casitas de colores y una parroquia amarilla que destaca en el paisaje, se reúnen en la cancha de basquetbol para contar sus historias. Afirman que la sierra se fue secando por las fumigaciones: los ocotes, los encinos, los guajes. Los pobladores muestran, con indignación y la esperanza de justicia, grandes zonas amarillentas en medio del verde del paisaje que se suceden en la cámara de un dron que sobrevuela la zona. Aseguran que el veneno verde, el paraquat, secó esas áreas de tierra.

Las historias de Pueblo Viejo son el reflejo de los estragos de la misma estrategia contra las drogas implementada hace 50 años por Estados Unidos y repetida por gobiernos de los países que producen plantas declaradas ilícitas en Latinoamérica.

 

Fumigaciones aéreas: agentes nocivos, daños sin calcular 

A Lorena Marcelo se le empezó a caer el cabello. Esta mujer de 50 años tiene una melena lacia que se recoge en una coleta. Hace 12 años la rociaron con herbicida desde un helicóptero militar, afuera de su casa en una barranca en Puerto del Gallo, a los ocho días comenzó a ver cómo aparecían zonas calvas en su cabeza. 

“Cuando pasó el helicóptero nos quedamos viendo hacia arriba y sentimos cómo nos rocío; o sea, nos cayó agua. Al momento no sentí nada, pero a los días empecé a sentir mucha comezón”, rememora. 

Ese día Lorena iba con una vecina y a ella también se le desprendieron mechones de pelo. La otra mujer cargaba a su bebé y en las horas siguientes a la pequeña le salieron granitos en la piel.

Con su hermana pusieron una queja ante las autoridades. Casi de inmediato llegaron los soldados de Acapulco y le llevaron un médico. Nunca les dijeron qué químico fue, pero les dieron despensas, pomada para las ronchas, una consulta dental y un servicio de corte de cabello aunque estaba medio pelada. Lorena se hizo un copete con los restos de cabellera para tapar los huecos.

Los alcatraces que su papá tenía en el patio también se marchitaron con la fumigación. Por las flores muertas, este campesino y floricultor recibió una compensación económica de mil pesos (57 dólares). Lorena no recibió nada por la caída de cabello. 

Ellos (los militares) dijeron que no habría consecuencias más graves y que el pelo nos iba a volver a salir y sí, me volvió a salir el pelo, pero en el momento yo me asusté.

El herbicida cayó también en una pila de agua que abastece al pueblo de apenas una decena de habitantes. Por un tiempo tuvieron miedo de beber y usar esa agua. “(Pero) vimos que no pasaba nada y la seguimos tomando”, dice Lorena.

Historia y presente de la aspersión aérea de herbicidas en México

El Paraquat ha sido usado como un arma contra la amapola y la marihuana desde los setenta en esta zona como parte de la Operación Cóndor, que en México fue la primer campaña militar de erradicación masiva de drogas lanzada por el gobierno del expresidente Luis Echeverría. En coordinación con Estados Unidos, el gobierno mexicano comenzó a usar Gramoxone, una fórmula concentrada de Paraquat en 1975, según cables diplomáticos de WikiLeaks. El gobierno estadunidense equipó al mexicano con helicópteros Bell-206 y Bell-212 para fumigar las zonas de producción de amapola y mariguana, de Sinaloa a Guerrero.

Cuando el fiscal general de la República de Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Gertz Manero, fue nombrado en esos años como coordinador de la campaña antidrogas en 1975, el gobierno de México tomó “la impopular decisión de utilizar herbicidas”, informó la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés) en un memorándum del 26 de febrero de 1976. 

A finales de los años setenta, la Casa Blanca encargó un estudio y encontró que el 21% de las muestras de marihuana confiscadas en el suroeste de Estados Unidos estaban contaminadas con Paraquat. Clínicas de salud en California reportaron pacientes con hemorragias pulmonares y lo vincularon al consumo de cannabis que provenía de México. El entonces secretario de Salud, Joseph Califano, ordenó una investigación y en 1979 confirmó que la exposición frecuente y prolongada al Paraquat inhalado podría derivar en fibrosis pulmonar.

Sin embargo, del otro lado de la frontera, desde esa época y hasta hoy no existen estudios sobre la población, flora, fauna, ni del agua, expuestas, quizás contaminadas.

El Paraquat es el plaguicida más importado en México y el tercero más exportado porque es ampliamente empleado en la agricultura. 

El Sistema de Vigilancia Epidemiológica Convencional lleva el registro nacional de casos de intoxicación por plaguicidas, pero sin especificar el principio activo del que se trata. Esos datos dan cuenta de que de 1995 a enero de 2026 se registraron un total de 39 mil 214 casos de intoxicación con plaguicidas en Jalisco, Michoacán, Guerrero, Chihuahua, Sinaloa, Sonora y Durango, lugares con gran producción agrícola, incluidas zonas de siembra de marihuana y amapola. El estado de Guerrero es el tercer lugar de la lista, con seis mil 352 casos. 

En la sierra, de vuelta en el punto sobre la carretera donde fue fumigada hace más de una década, Lorena relata que también se le manchó la cara y le salieron ronchas en el cuerpo. Aliviada dice que el cabello le comenzó a crecer tres meses después. Las ronchas y las manchas también se fueron con el paso del tiempo.

“Ya pasó un tiempo de eso y ya no tuvimos otra consecuencia”, comenta. “Aquí sobre el pueblo no sucedió más”.

Los gallos cantan a lo lejos. Los perros ladran. El día es soleado aquí donde las montañas verdes arañan las nubes. Aquí, como dice Lorena, parece que no pasó nada.

 

*Este trabajo periodístico es parte de la serie de publicaciones resultado del Fondo para investigaciones y nuevas narrativas sobre drogas convocado por la Fundación Gabo.

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