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Los 12 ambientalistas asesinados en México durante gobierno de Sheinbaum

LA SILLA ROTA. Un total de 12 activistas ambientales y defensores del territorio han sido asesinados en México durante el actual periodo de gobierno iniciado el 1 de octubre de 2024, abarcando los registros del último trimestre de ese año, todo 2025 y el transcurso de 2026. Las víctimas resguardaban recursos naturales y territorios frente a la expansión inmobiliaria, la tala clandestina, megaproyectos de infraestructura y el control de fuentes de agua por parte de corporaciones o grupos delictivos, de acuerdo con los datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), organización nacional que realiza el monitoreo de estas agresiones.

Según el CEMDA, el 100% de estos 12 crímenes permanece en la impunidad, dado que las autoridades judiciales no registran personas detenidas o sentenciadas en ninguna de las carpetas de investigación. Esta cifra reciente se integra a un acumulado de al menos 98 defensores ambientales asesinados en el país desde enero de 2020 hasta la fecha.

La distribución geográfica de las agresiones letales del periodo ubica a Michoacán como el estado más letal para los ambientalistas, concentrando cuatro de los doce homicidios documentados. Le siguen en incidencia las entidades de Jalisco con tres casos, Guerrero con dos, Morelos con dos y Oaxaca con un registro.

El desglose histórico de la violencia letal recopilado por las organizaciones detalla que durante el año 2020 se contabilizaron 18 homicidios, cifra que se elevó a 25 homicidios en 2021, seguida de 24 casos documentados en 2022, 20 asesinatos en 2023 y 25 homicidios registrados a lo largo de 2024 (el cual incluyó cuatro ejecuciones extrajudiciales). Para el cierre de 2025 la cifra anualizada se situó en nueve defensores asesinados, en tanto que los casos restantes corresponden al transcurso del año 2026.

"Fue un ataque directo"

Respecto al homicidio más reciente, correspondiente al regidor y activista de Morelos, Gabriel Rivas Ríos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, abordó los hechos durante su conferencia de prensa matutina. La mandataria descartó líneas de investigación accidentales al afirmar que "no hay lugar a dudas de que era un homicidio ordenado y dirigido contra él", añadiendo que "fue un homicidio directo, unas personas en motocicleta le dispararon de manera directa".

Sheinbaum Pardo señaló que la víctima carecía de escoltas federales debido a que no existía un requerimiento previo, declarando que "eso no quiere decir que no condenemos el homicidio". Asimismo, reconoció el rezago judicial general del país al admitir que "hay casos que no se han resuelto". Ante este escenario, la ejecutiva instruyó a la Secretaría de Gobernación (SEGOP) a reunirse con colectivos ambientales con el objetivo de "para poder ver qué más podemos hacer" en materia de prevención, al tiempo que se comprometió a "se tiene que esclarecer el asesinato de Gabriel Rivas" y a "revisar qué se puede hacer con el proyecto contra el que luchaba el regidor".

Silencian a opositores a minería y megaproyectos

A inicios de 2025, la violencia letal afectó a comunidades de Guerrero y Michoacán. En territorio guerrerense fue asesinado Marco Antonio Suástegui Muñoz, histórico dirigente que oponía resistencia a la imposición de la presa hidroeléctrica La Parota en defensa de las tierras ejidales y el río Papagayo, mientras que en la misma entidad fue privado de la vida Sergio Hugo Ureiro Castañeda, quien resguardaba parcelas agrícolas frente a los desplazamientos forzados provocados por proyectos extractivos y de minería.

Paralelamente, en Michoacán se registró el homicidio de Francisco Macías Sánchez, activista enfocado en la preservación de cuencas hidrológicas que denunciaba públicamente el desvío ilegal de arroyos comunitarios hacia huertas industriales de exportación.

Violencia por proyectos turísticos e inmobiliarios

El año 2025 siguió concentrando la mayor cantidad de agresiones documentadas en el periodo, distribuidas en los estados de Jalisco, Oaxaca y Morelos. En Jalisco se encendieron las alertas tras los asesinatos de Karina Ruiz Ocampo, quien combatía la contaminación de mantos acuíferos por desarrollos inmobiliarios urbanos; Cándido Esaú Román Pérez, líder enfocado en la protección de tierras ancestrales indígenas contra megaproyectos de infraestructura, y Marcos Aguilar Rojas, activista que luchaba contra la invasión de áreas naturales protegidas por complejos turísticos y comerciales.

Asimismo, en Oaxaca la violencia cobró la vida de Arnoldo Nicolás Romero, defensor de derechos agrarios frente a extorsiones de grupos delictivos en zonas ejidales, y de Cristino Castro Perea, quien denunciaba la tala clandestina a gran escala en bosques originarios de la Sierra; en tanto, en Morelos se registró el homicidio de Silvia Hernández Meza, opositora a despojos territoriales relacionados con concesiones de gasoductos.

2026: defensa de los bosques, sentencia de muerte

Durante el transcurso de 2026, los ataques mortales se han concentrado en las entidades de Michoacán y Morelos. En el estado de Michoacán fueron asesinados los líderes comunitarios Roberto Chávez, quien encabezaba la protección de los bosques comunales de la Meseta Purépecha frente a la tala ilegal y el cambio de uso de suelo para monocultivos de aguacate, y Lázaro Mendoza Ramírez, defensor de la tierra que ejercía resistencia contra el despojo de terrenos ejidales y el control de los recursos forestales e hídricos por parte de células delictivas.

Finalmente, en Morelos se documentó el homicidio del regidor y activista Gabriel Rivas Ríos, quien denunciaba ante instancias judiciales las irregularidades de un megaproyecto inmobiliario residencial edificado de forma ilegal dentro de la reserva ecológica protegida La Cazahuatera.