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Rechazan la destitución de magistrados en El Salvador

EXPANSIÓN. La Organización de Estados Americanos (OEA) y el gobierno de Estados Unidos fijaron este domingo su postura respecto a la situación en el Salvador, donde los magistrados de la Sala Constitucional del Supremo y el fiscal general han sido destituidos por el legislativo, de mayoría oficialista.

"En la democracia las mayorías tienen la responsabilidad de ser garantes fundamentales para asegurar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos", señaló la Secretaría General de la OEA en un comunicado.

El secretario de Estado, Antony Blinken, dijo al presidente salvadoreño que Estados Unidos está preocupado por la destitución del fiscal general y los cinco magistrados del máximo tribunal de justicia de El Salvador, dijo el domingo.

Blinken expresó la "grave preocupación del gobierno de Estados Unidos por el voto de la asamblea legislativa para destituir a los magistrados", así como la destitución del fiscal general, Raúl Melara, "quien está luchando contra la corrupción y la impunidad y es un socio eficaz en los esfuerzos para combatir el crimen tanto en Estados Unidos y El Salvador", dijo el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, en un comunicado.

"Así no se hace", dijo a través de su cuenta de Twitter Juan González, asesor del presidente estadounidense Joe Biden y director para el Hemisferio Occidental del Consejo Nacional de Seguridad.

El sábado, la Asamblea Legislativa, controlada por el partido del presidente Nayib Bukele, destituyó a todos los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general de ese país, Raúl Melara. Estas decisiones fueron impulsadas por el mismo mandatario.

Los opositores a Bukele en El Salvador, así como la comunidad internacional, ven en este cese un intento del presidente salvadoreño de tomar el control de los órganos del Estado.

Los propios magistrados declararon inconstitucional el acto y divulgaron su fallo en las redes sociales para hacerlo oficial.

La remoción se produjo el primer día de funciones de la asamblea legislativa, después de que las elecciones intermedias de febrero le dieran al partido del presidente una mayoría de más de dos tercios en la legislatura unicameral.

La destitución de los jueces fue promovida con el argumento de que con sus resoluciones obstaculizaron los planes del gobierno para contener la epidemia de COVID-19. Bukele celebró la decisión, escribiendo en Twitter: "¡DESTITUIDOS!".

Los legisladores eligieron a los nuevos cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y al nuevo fiscal, quienes custodiados por agentes policiales ingresaron a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia y al edificio del ministerio público, respectivamente.

"Falta mucho por cambiar en nuestro país, pero está claro que no pueden hacerlo todo en un día. Sé que la mayoría del pueblo salvadoreño espera con ansias la segunda plenaria" que se realizará el lunes, detalló Bukele.

Rechazo dentro y fuera de El Salvador

Lanzando consignas contra Bukele, un pequeño grupo de personas se congregó el domingo por la tarde en las inmediaciones de un monumento dedicado a la Constitución en la capital del país.

"Esto es retroceder más de 30 años hacia una dictadura. No lo vamos a permitir, no vamos a quedarnos callados", dijo Mauricio Valladares, un manifestante de 25 años que portaba un cartel con la leyenda "No al golpe de Estado".

La OEA aseguró que es "imprescindible en esta coyuntura" que se dé continuidad a los trabajos de la Misión Especial presidida por Santiago Cantón, quien, en cumplimiento del artículo 17 de la Carta Democrática Interamericana, visitó ese país para evaluar su situación y contribuir a preservar su institucionalidad democrática.

En un informe difundido este domingo, la misión expresó su "preocupación sobre acciones que podrían vulnerar el Estado de derecho, y la democracia salvadoreña", específicamente en relación con las denuncias sobre "la falta de independencia de los poderes del Estado, los ataques a la libertad de expresión y de prensa, los límites injustificados al acceso a la información" y "el posible aumento en la militarización del país".

Los propios magistrados declararon inconstitucional el acto y divulgaron su fallo en las redes sociales para hacerlo oficial.

La remoción se produjo el primer día de funciones de la asamblea legislativa, después de que las elecciones intermedias de febrero le dieran al partido del presidente una mayoría de más de dos tercios en la legislatura unicameral.

La destitución de los jueces fue promovida con el argumento de que con sus resoluciones obstaculizaron los planes del gobierno para contener la epidemia de COVID-19. Bukele celebró la decisión, escribiendo en Twitter: "¡DESTITUIDOS!".

Los legisladores eligieron a los nuevos cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y al nuevo fiscal, quienes custodiados por agentes policiales ingresaron a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia y al edificio del ministerio público, respectivamente.

"Falta mucho por cambiar en nuestro país, pero está claro que no pueden hacerlo todo en un día. Sé que la mayoría del pueblo salvadoreño espera con ansias la segunda plenaria" que se realizará el lunes, detalló Bukele.

Rechazo dentro y fuera de El Salvador

Lanzando consignas contra Bukele, un pequeño grupo de personas se congregó el domingo por la tarde en las inmediaciones de un monumento dedicado a la Constitución en la capital del país.

"Esto es retroceder más de 30 años hacia una dictadura. No lo vamos a permitir, no vamos a quedarnos callados", dijo Mauricio Valladares, un manifestante de 25 años que portaba un cartel con la leyenda "No al golpe de Estado".

La OEA aseguró que es "imprescindible en esta coyuntura" que se dé continuidad a los trabajos de la Misión Especial presidida por Santiago Cantón, quien, en cumplimiento del artículo 17 de la Carta Democrática Interamericana, visitó ese país para evaluar su situación y contribuir a preservar su institucionalidad democrática.

En un informe difundido este domingo, la misión expresó su "preocupación sobre acciones que podrían vulnerar el Estado de derecho, y la democracia salvadoreña", específicamente en relación con las denuncias sobre "la falta de independencia de los poderes del Estado, los ataques a la libertad de expresión y de prensa, los límites injustificados al acceso a la información" y "el posible aumento en la militarización del país".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó este domingo la decisión de la nueva Asamblea Legislativa de destituir a los magistrados de la Corte Suprema Justicia (CSJ) y al fiscal Raúl Melara.

"La @CIDH rechaza la decisión de @AsambleaSV, el #1Mayo, de destituir al pleno de magistrados titulares y suplentes de la @SalaCnalSV y al Fiscal General sin debido proceso ni causas específicas constitucionales, lo que pone en riesgo el Estado de derecho", señaló la entidad en Twitter.

Instó al Estado de El Salvador "a respetar la sentencia de la @SalaCnalSV que declaró inconstitucional la resolución de la@AsambleaSV y garantizar la separación de poderes y el orden democrático".

La entidad apuntó que ha decidido "instalar la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI) #ElSalvador para monitorear y atender esta grave situación que afecta la institucionalidad y los #DDHH en el país".

Costa Rica también expresó su preocupación por lo sucedido en El Salvador.

"Costa Rica, fiel a su tradición de respeto de las instituciones democráticas, sigue con mucha atención los acontecimientos en El Salvador, y expresa su preocupación por los hechos registrados en las últimas horas", indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El ministerio costarricense destacó en unas declaraciones distribuidas a los medios que para Costa Rica "la división de poderes constituye un principio fundamental para el funcionamiento efectivo de la democracia".

"Costa Rica exhorta a que se garantice el respeto de la institucionalidad democrática y del Estado de derecho de El Salvador, mediante el diálogo amplio y transparente entre todos los actores", cita el texto.

"Se trata de una evidente alteración del orden constitucional", dijo José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch. "Bukele rompe con el Estado de derecho y busca concentrar todo el poder en sus manos".

Por su parte, la diputada Anabel Belloso, del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), expresó: "estamos en contra del golpe de Estado".

En una declaración posterior a las destituciones y tras las primeras reacciones de otros países sobre los sucedido, el presidente salvadores escribió en su cuenta de Twitter que desea trabajar con la comunidad internacional, pero pidió respeto a la decisión que el legislativo acababa de tomar.

"Estamos limpiando nuestras casa… y eso no es de su incumbencia".

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, criticó este domingo a quienes se han pronunciado por la destitución de los magistrados del Supremo y del fiscal.

"Líderes políticos de oposición, en otros países, criticando lo que nuestros diputados hicieron ayer. Un mensaje a los pueblos de esos líderes: Jamás los apoyen. Si los llevan al poder irán a negociar con el mismo régimen que ahora los tiene en la miseria", publicó.

El 9 de febrero de 2020, Bukele desafió al entonces Parlamento opositor, cuando, escoltado por el ejército, llegó a la Asamblea para presionar por la aprobación de un crédito destinado a la lucha contra las pandillas.

Bukele, de 39 años, ha logrado capitalizar el descontento de la población respecto a los partidos tradicionales. Cuenta con apoyo popular y el respaldo de las Fuerzas Armadas.

Ello llevó a sus aliados a vencer en las elecciones parlamentarias del 28 de febrero, dejando relegadas a las tradicionales Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) y la exguerrilla izquierdista del FMLN.

"La actuación de los diputados oficialistas confirma el temor de que el respaldo popular expresado en las urnas fuera utilizado para concentrar el poder en el Ejecutivo", aseguró en un pronunciamiento la influyente Universidad Centroamericana (UCA).

Para la UCA, la destitución "muestra la veracidad de los señalamientos de autoritarismo en el Gobierno del presidente Bukele".

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