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Tren Maya contratará seguro para la protección ambiental en los tramos de vía por los que cruza

El Sol de México. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), responsable de la operación del Tren Maya, inició el proceso para contratar un seguro para la protección ambiental de los siete tramos de vía que cruzan cinco estados del sureste mexicano.

De acuerdo con la licitación consultada por El Sol de México, se trata de seis fianzas ambientales que funcionan como un mecanismo de protección financiera ante posibles incumplimientos en la mitigación ambiental y/o accidentes imprevistos en la obra. El valor total del seguro que solicita la Defensa Nacional es de mil 404 millones 143 mil 927 pesos para garantizar la seguridad de los ecosistemas del país.

Vadir Arbizu, director de Defensa Ambiental A.C., explicó en entrevista con El Sol de México que estas fianzas son impuestas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) como garantías financieras de cumplimiento, similar a la forma en la que funciona el seguro para un auto: la empresa afianzadora cobra por una proporción de la cantidad asegurada y en caso de presentarse un accidente, como el derrame de hidrocarburos en la vía o que la administración del tren no lleve a cabo sus programas de reubicación de flora y fauna, la autoridad ambiental hace efectiva la póliza para resarcir el daño.

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El director de Defensa Ambiental A.C. explicó que estos seguros no eximen de responsabilidad al Tren Maya por los daños ambientales ocasionados en su totalidad. Asimismo, los recursos de esta protección solo contemplan la mitigación de daños establecida en su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) o eventualidades que puedan surgir.

El seguro ambiental opera de forma similar a un seguro automotriz: cubre hasta un límite, pero no sustituye la responsabilidad del causante del daño- Vadir Arbizu, director de Defensa Ambiental A.C.

“Si bien hay un monto de dinero para cubrir un riesgo, esto no exime de responsabilidad. Funciona literal como el accidente de un coche: si tú haces una carambola y el monto del seguro no te alcanza, tú eres el responsable de poner el dinero restante. En un seguro ambiental, si el Tren Maya ocasiona un percance y rebasa el dinero de la fianza, la Sedena sería responsable de poner el capital que falta para la reparación”, detalló Arbizu.

Las fianzas cubren distintas secciones del Tren Maya. La mayor contempla la protección de la Fase 1 del tren, es decir, los tramos uno, dos y tres que abarcan 603 kilómetros de vía desde Palenque, Chiapas, hasta Izamal, Yucatán. En este caso, el Tren Maya solicita un fondo de 847 millones 75 mil 126 pesos en garantía por incumplir sus compromisos de reparación ambiental o por algún accidente que afecte los ecosistemas en esos tres tramos.

En contraste, los 111 kilómetros del Tramo 5 que van de Cancún a Tulum en Quintana Roo se dividen en las secciones Norte y Sur. Estas dos fianzas suman juntas 203 millones 938 mil pesos.

De acuerdo con el Anexo Técnico del proyecto, los montos están sustentados en Estudios Técnicos Económicos (ETE) y son parte del cumplimiento obligatorio a los resolutivos de impacto ambiental emitidos por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA). La vigencia de este seguro está programada para iniciar el 16 de enero de 2026 y concluir el 15 de enero de 2027.

Arbizu concluyó que este tipo de instrumentos dan certeza económica y técnica ante la magnitud de la obra, por lo que advirtió que no es un riesgo que todas las empresas estén dispuestas a asumir. El director de Defensa Ambiental A.C. señaló que, debido a la complejidad de trabajar en zonas con cuerpos de agua o ecosistemas frágiles, muchas instituciones declinan participar en este tipo de proyectos.

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“Hay aseguradoras que, por sus políticas internas, no toman el riesgo. Por ejemplo, algunas deciden no entrar si se trata de riesgos en cuerpos de agua porque no tienen la experiencia necesaria o prefieren evitar sectores específicos. Al final, cada compañía evalúa bajo sus propios criterios qué riesgos asume y cuáles no”, explicó Arbizu, experto en consultoría, gestión y asesoría legal en materia ambiental.

Con este respaldo financiero, la Sedena busca garantizar que el proyecto cuente con los mecanismos necesarios para resarcir posibles daños en el entorno natural de la Península de Yucatán.

“Es la manera que tenemos de asegurar que exista un instrumento financiero que responda ante un percance, para que las dependencias de gobierno tengan un ‘colchón’ para hacerle frente a incidentes en cuerpos de agua, suelos o especies”.