ANIMAL POLÍTICO. Tras una audiencia que se prolongó por más de 14 horas, una jueza federal vinculó a proceso a Gilda Susana Lozoya Austin por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (conocido como lavado de dinero), en el marco de las investigaciones del caso Agronitrogenados.
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La jueza Nora Ileana García Peralta determinó que existen pruebas suficientes sobre la probable participación de la hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, en la transferencia de 2 millones 589 mil dólares de origen ilícito desde el extranjero hacia México.
En su resolución, la juzgadora fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, por lo que la audiencia intermedia se programó para el 9 de noviembre de 2026.
Las investigaciones de la FGR señalan que la cuenta bancaria utilizada para triangular presuntos sobornos en el caso Agronitrogenados le fue cedida a Gilda por su hermano, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. (Foto: Cuartoscuro)
Además, el próximo jueves a las 9:40 horas se realizará una nueva audiencia para revisar las medidas cautelares a petición de la Fiscalía General de la República (FGR); en ella se definirá si Gilda Lozoya enfrentará su proceso judicial en libertad o en prisión preventiva justificada.
Al término de la larga jornada judicial, Alejandro Rojas Pruneda, abogado defensor de Gilda Lozoya, señaló que existe un “hostigamiento claro” contra su clienta y acusó a las autoridades federales de intentar encarcelarla apresuradamente.
“Tienen una urgencia de meter a la cárcel a mi representada que no me parece que sea ni correcta ni pulcra; hasta querían violar la ley para encarcelarla en pleno procedimiento”, declaró el litigante, refiriéndose a la postura adoptada por la FGR, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Pemex.
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El abogado enumeró diversas anomalías ocurridas durante la sesión. Destacó, de forma particular, un receso ordenado por la jueza en medio de la resolución.
“Nos llamó la atención que, en plena resolución, llamaran al teléfono del auxiliar de sala para suspender la audiencia y para que se retirara una hora. Alegaron un problema técnico, pero nunca llegó ningún técnico a la sala”, explicó.
La defensa de la acusada señaló anomalías durante la resolución judicial y denunció presiones gubernamentales, haciendo referencia a las recientes declaraciones públicas sobre el caso emitidas por la presidenta Claudia Sheinbaum. (Foto: Cuartoscuro)
Rojas Pruneda también sugirió la existencia de presiones derivadas de las recientes declaraciones de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.
“Nos llamó mucho la atención que en este periodo hubo varias manifestaciones respecto del caso de mi representada por la máxima autoridad de este país”, apuntó, cuestionando el tiempo dedicado a este tema frente a los múltiples problemas nacionales.
El defensor concluyó expresando su deseo de que la jueza actúe con convicción y se mantenga al margen de “estas presiones indebidas que vienen del gobierno” al momento de decidir sobre las medidas cautelares.
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Gilda Susana Lozoya fue detenida el pasado miércoles 1 de julio en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Las investigaciones de la FGR la señalan como presunta prestanombres y beneficiaria de la cuenta “Tochos Holding Limited” en un banco suizo, cuyos derechos le habrían sido cedidos por su hermano, Emilio Lozoya.
Gilda Lozoya declaró ante las autoridades estar dispuesta a cooperar, pero acusó que el proceso judicial en su contra es una maniobra política impulsada para presionar a su hermano Emilio Lozoya a través de las mujeres de su familia. (Foto: Cuartoscuro)
De acuerdo con las autoridades, a través de dicho esquema financiero se triangularon y recibieron sobornos por 3.5 millones de dólares que Altos Hornos de México (AHMSA) y su dueño, Alonso Ancira, habrían pagado para que Pemex comprara a sobreprecio la planta de fertilizantes Agronitrogenados.
Parte de este dinero habría sido utilizado para adquirir una casa valuada en 38 millones de pesos en la colonia Lomas de Bezares, en la Ciudad de México.
Durante su comparecencia, Gilda Susana declaró estar dispuesta a cooperar, pero denunció que el proceso en su contra es una cuestión política en la que, afirmó, se ha utilizado a las mujeres de su familia para presionar a su hermano.