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Plantón trans en la Segob: exigen Ley Integral y justicia histórica

ANIMAL POLÍTICO. Frente a las puertas de la Secretaría de Gobernación (Segob), la exigencia por el reconocimiento de derechos históricos para la comunidad trans y trabajadoras sexuales se mantiene firme y visible sobre la avenida Bucareli hace ya 20 días.

De acuerdo con lo previsto, integrantes del plantón se reunirán este jueves con el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, y el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, para poner sobre la mesa una agenda postergada por décadas. El encuentro no es una concesión, sino una urgencia, aseguraron Sandra Montiel, fundadora del colectivo Esquina Libre, y Natalia Lane, de la Coalición Laboral Puteril (CLAP).

El plantón comenzó como una respuesta al operativo en el que elementos de la Guardia Nacional sacaron a personas trans de la Segob la noche del 23 de junio. Las manifestantes exigían una reunión con la titular de la dependencia y abordar demandas que han planteado a distintas autoridades sin recibir solución. Ahora, sus integrantes aseguran que no se irán hasta tener respuestas.

A pesar de que el trabajo sexual no configura un delito o falta administrativa en la Ciudad de México y las personas trans forman parte de los grupos de atención prioritaria contemplados en la Constitución de la Ciudad de México, las activistas denuncian que las políticas públicas enfocadas a estas poblaciones son, en el mejor de los casos, insuficientes, y en el peor —que es la mayoría— inexistentes.

Una lucha por la “ciudadanía plena” para personas trans y trabajadoras sexuales

“Ya es hora de que nos empiecen a tomar en serio como ciudadanas y ciudadanos trans. No somos una comunidad, somos ciudadanas”, sostiene Sandra Montiel, quien ejerce el trabajo sexual en la zona de Tlalpan desde hace 30 años. Durante ese tiempo, ha atestiguado y ha sido víctima de una violencia sistemática: es sobreviviente de un ataque con ácido y ha vivido en primera persona la discriminación institucional para acceder a la justicia.

Cuenta que ante la falta de oportunidades educativas o laborales para personas trans, así como de apoyos gubernamentales enfocados en esta población, tuvo que regresar al trabajo sexual. “Para poder hacerme todas las cirugías reconstructivas que requerí, tratamientos dermatológicos, células madre… ¡Imagínate! Después de que fui atacada cuando estaba trabajando”, recuerda Sandra, de 48 años.

A la edad que tiene, su preocupación es contar con la garantía de que tendrá cómo mantenerse cuando decida retirarse del trabajo sexual. Otras mujeres trans, con más de 60 años, no tienen más opción que continuar ejerciendo, pues la pensión para personas adultas mayores que reciben del gobierno federal no alcanza para pagar renta, alimentos y medicamentos.

Natalia Lane, quien sobrevivió a un intento de transfeminicidio por parte de un hombre que contrató sus servicios, afirma que también se deben implementar mayores medidas de seguridad en hoteles para prevenir situaciones de violencia, pues en la Ciudad de México las personas que se dedican a dar estos servicios se encuentran vulnerables a diferentes tipos de agresiones.

“Nada de las putas sin las putas”, refiere sobre las decisiones que ha tomado el gobierno sin consultarlas, como la construcción de la ciclovía y de la calzada elevada por el Mundial 2026. A partir de la reunión a la que fueron convocadas este jueves, Natalia espera que se abran canales de comunicación para ser consideradas “en cualquier toma de decisión de políticas públicas que haya sobre nuestro trabajo”.

Mandato incumplido de la CNDH y la urgencia de una Ley Integral Trans

El plantón en Bucareli no es un acto aislado. Victoria Samano, directora de Lleca, un refugio para personas LGBT+ y trabajadoras sexuales, explica que se trata de una respuesta a la falta de cumplimiento de la Recomendación 141/2023 de la CNDH, la cual señala las graves omisiones institucionales en la protección de las personas trans en México. La exigencia de una Ley Integral Trans no es solo un capricho administrativo, sino la herramienta necesaria para articular una política transversal que incluya vivienda, acceso a la salud especializada y la desarticulación de la violencia institucional, asegura.

Para otras trabajadoras sexuales trans, como Montserrat Fuentes, Tatiana Montero y Abril Acosta, la indignación también surge por la entrega de apoyos económicos a algunas personas que ofrecen servicios en la zona de Tlalpan, afectada por las obras del Mundial 2026. “Nos tratan como estúpidas”, señalan al denunciar cómo la ayuda se canalizó a través de asociaciones, ignorando a quienes ejercen de manera independiente y han sido las más afectadas.

“Hemos perdido un 80 % de nuestros ingresos por la vialidad. Ahora los clientes o los coches no se pueden detener sobre la avenida porque ya les están pitando”, menciona Montserrat. Hay días en los que salen a trabajar “y nos vamos sin haber ganado nada”. Tampoco accedieron al apoyo económico que recibieron algunas trabajadoras. Montserrat, Tatiana y Abril son integrantes de Brigada Callejera, una asociación civil que brinda servicios de salud y despensas, lo que las ha ayudado a sobrellevar la falta de ingresos.

“Fuimos convocadas con Brigada Callejera al Zócalo porque nos dijeron que iban a dar un apoyo monetario, pero nos dieron una despensa que parecía una burla. ¿Cómo crees que el gobierno nos dará para sobrevivir un par de días, cuando nos han afectado por meses?”, reclama Montserrat. Acerca del Mundial, asegura que la promesa de derrama económica fue “totalmente mentira, porque los extranjeros no van a ir a Tlalpan, a Sullivan o a La Merced para contratar servicios. No digo que no los busquen, pero los consiguen en otro lado, incluso por catálogo”.

El camino a seguir

La reunión de este jueves representa un punto de inflexión. El gobierno de la Ciudad de México y la Segob tienen frente a ellos a un colectivo que ya no está dispuesto a aceptar la invisibilidad.

El plantón también se ha convertido en un punto de encuentro para luchas individuales contra la discriminación, como la de Razzia Santillán, fundadora del Clan Mariposas Negras. Razzia, quien desde 2023 mantiene un tianguis en la Cineteca Nacional como protesta tras ser retirada de un baño de mujeres, teme que las demandas que enfrenta por sus acciones sean utilizadas como una forma de punitivismo. Espera llevar su caso a la reunión y que este canal de diálogo permita abrir una negociación con el recinto cultural.

Mientras tanto, el campamento en Bucareli se mantiene como un espacio de resistencia política. Como resume Natalia Lane: “el mundial se va, pero las putas y las personas trans nos quedamos“. Las integrantes del plantón sostienen que su agenda sigue pendiente: el cumplimiento de las recomendaciones de la CNDH y el reconocimiento de derechos que, aseguran, la ciudad les ha negado durante décadas.