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MC pide que Rosario Piedra comparezca por recomendación sobre Ayotzinapa

ANIMAL POLÍTICO. La Comisión Permanente recibió una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Senado de la República a convocar a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, a una reunión de trabajo para que informe y explique el contenido de la Recomendación 208/2026VG, que ha generado controversia por concluir que no hubo responsabilidad institucional del Ejército en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La iniciativa fue presentada por el senador Clemente Castañeda y el diputado Pablo Vázquez Ahued, de Movimiento Ciudadano, y turnada a la Primera Comisión de la Permanente.

La propuesta plantea que la comparecencia se realice con fundamento en el artículo 93 de la Constitución, que faculta a cualquiera de las cámaras del Congreso para convocar a titulares de órganos constitucionales autónomos a informar cuando se estudien asuntos relacionados con sus atribuciones. Los promoventes consideran que, debido al alcance de la recomendación y a la controversia que ha generado, la titular de la CNDH debe explicar los criterios utilizados para elaborar el documento.

Los puntos críticos del documento emitido por la CNDH

En la exposición de motivos, Movimiento Ciudadano señala que la CNDH emitió el pasado 9 de julio la Recomendación 208/2026VG, derivada de una queja presentada en junio de 2021 por madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos.

De acuerdo con la iniciativa, la recomendación está dirigida a diversas dependencias federales, autoridades estatales de Guerrero y gobiernos municipales, pero concluye que no existió responsabilidad institucional del Ejército en la desaparición de los normalistas y limita la actuación castrense a “omisiones individuales”.

También destaca que la Secretaría de la Defensa Nacional no figura entre las autoridades destinatarias del documento, pese a que la Fiscalía General de la República mantiene procesos penales contra al menos 20 militares por su presunta participación en los hechos.

Desacreditan investigaciones previas y acusan “antiverdad”

Los legisladores también cuestionan que la recomendación desacredite los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), los trabajos de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) y las investigaciones de organizaciones de la sociedad civil, además de atribuirles la construcción de una supuesta “antiverdad” para responsabilizar al Ejército y plantear una presunta injerencia de Estados Unidos en las investigaciones.

Asimismo, refieren que el representante permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos, Alejandro Encinas, difundió documentación que acredita la infiltración de un elemento militar en la Normal Rural de Ayotzinapa, lo que, a juicio de los promoventes, contradice las conclusiones de la CNDH.

La iniciativa sostiene además que la recomendación provocó cuestionamientos de organizaciones civiles y de la representación legal de las familias de los estudiantes desaparecidos. También recuerda que la presidenta Claudia Sheinbaum se deslindó públicamente del contenido del documento y encomendó a la Secretaría de Gobernación realizar una revisión detallada del mismo.

Como parte de sus argumentos, los promoventes retoman información de los informes IV, V y VI del GIEI, así como del informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa y de información judicial disponible hasta 2026. Señalan que esos documentos distinguen entre la participación institucional del Ejército, que continúa siendo materia de investigación, y la evidencia documental de que distintas áreas de la Secretaría de la Defensa Nacional tuvieron conocimiento previo y durante los hechos, realizaron labores de inteligencia y monitoreo y posteriormente incurrieron en actos de ocultamiento u omisión en la entrega de documentación.

La proposición cita una de las conclusiones atribuidas al GIEI sobre el seguimiento realizado por las estructuras militares: “el nivel de monitoreo e información de sus movimientos era total y la información llegaba al más alto nivel de Sedena”.

Asimismo, refiere que el Grupo identificó al Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) como una pieza relevante para el esclarecimiento del caso y sostiene que aún existen documentos pendientes de entregar que considera fundamentales para la investigación.

El caso del soldado infiltrado entre los normalistas

El documento también señala que los informes del GIEI documentan que uno de los 43 estudiantes desaparecidos era un elemento infiltrado del Ejército asignado para realizar labores de inteligencia dentro de la Normal Rural, cuya identidad era conocida por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Añade que el Grupo concluyó que no existe evidencia de que la institución hubiera desplegado un operativo para localizar o proteger al estudiante infiltrado, pese a que contaba con información sobre sus actividades y comunicaciones.

En el punto de acuerdo, Movimiento Ciudadano propone que la Comisión Permanente exhorte al Senado de la República a convocar a Rosario Piedra Ibarra a una reunión de trabajo para que “informe y explique de manera exhaustiva lo relativo a la Recomendación 208/2026VG” sobre violaciones graves a los derechos humanos de 92 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.

La propuesta se presenta en medio de la controversia generada por la recomendación de la CNDH. El organismo rechazó los señalamientos de que buscara exonerar a las Fuerzas Armadas y sostuvo que no tiene facultades para absolver ni responsabilizar a ninguna institución, pues esas atribuciones corresponden al Ministerio Público y a las autoridades jurisdiccionales.

La publicación del documento también motivó críticas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que acusó a la CNDH de eximir la responsabilidad institucional del Ejército y cuestionó su autonomía; del exdirector especial para el caso Ayotzinapa en la propia Comisión, Alejandro Martínez, quien sostuvo que la recomendación responde a intereses contrarios a las víctimas; y de la relatora especial de la ONU sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, Andrea Bolaños Vargas, quien llamó a las autoridades mexicanas a respetar la labor de quienes participan en la búsqueda de verdad y justicia para los 43 estudiantes desaparecidos.