ANIMAL POLÍTICO. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno de Estados Unidos aún no ha enviado ninguna información en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien fue acusado por el Departamento de Justicia de mantener vínculos con el crimen organizado.
“No han enviado la información de detención urgente para extradición. No han enviado ninguna información”, respondió la mandataria durante su conferencia de prensa matutina a un reportero.
Rocha Moya cuenta con una orden de detención en Estados Unidos; sin embargo, dado que el gobierno mexicano sostiene que no se han enviado pruebas suficientes, el gobernador con licencia no ha sido detenido ni extraditado. A la par, la Fiscalía General de la República realiza una investigación sobre las acusaciones del gobierno estadounidense.
La jefa del Ejecutivo también fue cuestionada sobre el motivo por el que Rubén Rocha Moya no ha regresado a su cargo. Al respecto, Sheinbaum Pardo indicó que es una decisión del propio gobernador con licencia, quien, tras ser señalado, se retiró del puesto hasta que se aclare la investigación en su contra.
“Es una decisión de él; mientras siga este proceso, así lo dijo él en el momento en que salió de su puesto. Dijo: No quiero poner en duda la gobernabilidad de Sinaloa ni mucho menos, prefiero dejar el puesto en lo que continúa esta investigación”, recordó.
El caso contra Rubén Rocha Moya inició el pasado 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación en contra de él y de otros diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.
La fiscalía estadounidense señaló al exmandatario de ser electo con el apoyo de la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, con quienes presuntamente pactó reuniones antes y después de asumir el cargo en noviembre de 2021 para garantizarles protección institucional e impunidad a cambio de sobornos millonarios.
Sin embargo, el gobierno mexicano no ha detenido al gobernador sinaloense al señalar que no se han presentado pruebas en su contra.
Tras las acusaciones, Rubén Rocha Moya solicitó una licencia para separarse de su cargo como gobernador, la cual se hizo efectiva a partir del 1 de mayo de 2026.
Según explicó, su decisión buscaba facilitar que las autoridades realizaran una investigación amplia sin la protección del fuero constitucional. Semanas después, el 26 de mayo de 2026, Rocha Moya compareció ante las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán.
Al respecto, el gobierno federal aclaró que estos citatorios forman parte de las carpetas de investigación abiertas y no constituían imputaciones formales en territorio mexicano.
En tanto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el congelamiento precautorio de las cuentas bancarias de Rocha Moya. De acuerdo con la explicación que se dio en su momento, se trata de mecanismos de prevención financiera automáticos cuando existen procesos penales en Estados Unidos.
El caso contra Rubén Rocha ha generado acusaciones de la oposición contra el gobierno federal, al señalar que se protege al gobernador con licencia.
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, animó a la presidenta a entregar a Rocha Moya y a sus presuntos cómplices, bajo el argumento de que la inacción federal fomenta la impunidad y ponía en riesgo la soberanía de México y la continuidad del tratado comercial T-MEC.
Asimismo, el dirigente del PAN, Jorge Romero, acusó que el gobierno federal responde con una estrategia de protección cuando los señalamientos involucran a integrantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), pues, dijo, su reacción es “negarlo en automático. Encubrir en automático. Proteger en automático. Pedir pruebas en automático”.
A los reclamos se sumó meses después que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) decidiera clasificar por cinco años las comunicaciones con Estados Unidos sobre las solicitudes de detención con fines de extradición de Rocha Moya.
Tras los reclamos, la subsecretaría para América del Norte de la SRE anunció que se desclasificarían tres documentos oficiales: una tarjeta informativa del caso, las líneas discursivas de apoyo enviadas a los consulados de México y la carta de extrañamiento dirigida formalmente al gobierno de Estados Unidos por el manejo de las acusaciones.