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Morena promete filtrar impresentables en 2027 y puso a Adán Augusto de filtro

PROCESO. El domingo, en la plenaria de los diputados de Morena, Ariadna Montiel prometió una cosa razonable: que el partido no permitirá que lo representen personas con vínculos inconfesables, cuentas pendientes o malos antecedentes. Aunque ganen la encuesta, dijo. Aunque tengan los votos. Y pidió a la militancia que ni siquiera invite a aspirantes con señalamientos encima.

Es una buena promesa de alguien que lleva un año haciendo buenas promesas. Habría que preguntarle quién la aplica.

Porque la operación electoral de Morena rumbo a 2027 está repartida en cinco circunscripciones, y la Cuarta —Ciudad de México, Hidalgo, Puebla, Guerrero, Morelos y Tlaxcala— la coordina Adán Augusto López Hernández. El mismo senador cuyo secretario de Seguridad Pública en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, terminó acusado de encabezar a La Barredora y detenido en Paraguay. El mismo cuyo nombre, según la defensa de los hermanos Farías, aparece en una de las declaraciones de la carpeta del huachicol fiscal. El mismo cuyas amistades, junto con la gobernadora de Quintana Roo, constituyeron Fmedical, empresa que recibió más de mil 200 millones de pesos en contratos de unidades móviles de salud, como documentó este semanario en julio.

Él lo niega todo, por supuesto. No hay imputación en México. Pero ése es justamente el punto: el hombre encargado de vigilar que no se cuelen perfiles con antecedentes cuestionables es, por su propio historial, el perfil que la regla describe.

El filtro necesita un filtro.

Conviene entender cómo funciona la máquina, porque el organigrama es más revelador que cualquier declaración. Los cinco coordinadores de circunscripción —Monreal en la Primera, Alejandro Peña en la Segunda, Sergio Salomón Céspedes en la Tercera, Adán Augusto en la Cuarta, Sergio Gutiérrez Luna operando la Quinta sin nombramiento formal— reciben aspirantes, los impulsan o los bloquean. Citlalli Hernández concentra las encuestas y las lleva a Palacio Nacional. Ariadna Montiel administra la operación y contiene a los inconformes. Y la presidenta decide.

Eso último no es una interpretación. Este medio sabe que Claudia Sheinbaum ha citado personalmente en Palacio Nacional a aspirantes concretos: a Milena Quiroga para Baja California Sur, a Lorenia Valles para Sonora, a Rafael Marín para Quintana Roo. No los recibe la dirigencia del partido. Los recibe ella.

De modo que tenemos un método que se anuncia como lo contrario del dedazo y consiste en que la jefa del Ejecutivo entrevista candidatos uno por uno. Se llama encuesta. Se parece a una entrevista de trabajo.

Y el resto del procedimiento acompaña. Los resultados estaban listos desde agosto, pero desde Palacio Nacional pidieron esperar hasta después de la primera semana de septiembre, para que los inconformes no le robaran espacio noticioso al informe. La metodología sigue en secreto. Las preguntas, también. Las fechas, las empresas encuestadoras, todo. Se le pide al pueblo que decida y no se le dice cómo, ni cuándo, ni quién cuenta los votos.

Uno podría defender la centralización con un argumento fuerte: que después de Rocha Moya, después de la visa, después del contralmirante en el Altiplano, alguien tiene que poner orden. Sheinbaum quiere que los diecisiete gobernadores que ganen en 2027 lleguen con su aval y le deban la candidatura. Es legítimo como estrategia y hasta comprensible como instinto de supervivencia.

El problema es que la centralización no está produciendo mejores candidatos. Está produciendo los mismos, con otro padrino.

Miren Baja California. La apuesta del oficialismo estatal es Ismael Burgueño, alcalde de Tijuana, delfín de Marina del Pilar. Su primer acto de gobierno, el 1 de octubre de 2024, fue nombrar coordinador de Proyectos Estratégicos del ayuntamiento a Carlos Torres Torres, entonces esposo de la gobernadora y hoy también sin visa estadounidense. Su gestión arrastra la adjudicación de dos contratos por más de 108 millones de pesos a una empresa llamada Power and Sinergia. Todo esto en el estado donde la gobernadora perdió la visa, apareció en unos audios que ella atribuye a una trampa de su antecesor, y donde el primer gobernador opositor de la historia moderna fue detenido en julio por contrabando de combustible. Ahí quieren competir con el hombre que estuvo en cada una de esas oficinas.

Miren Chihuahua, donde Adán Augusto empuja a Andrea Chávez en territorio asignado a Monreal —los coordinadores tampoco respetan sus propias fronteras—, mientras el PVEM y el PT locales advirtieron que sólo respaldarán a Cruz Pérez Cuéllar, y el ex panista Javier Corral avisó que se opondrá al exalcalde de Juárez porque lo considera un panista encubierto. Tres vetos cruzados y ningún candidato. Miren Michoacán, donde Montiel se sentó con Bedolla y con Raúl Morón para apagar el pleito y el pleito siguió.

Y miren, sobre todo, lo que pasa arriba, porque ahí está la historia real.

El domingo, en esa misma plenaria, Citlalli Hernández anunció que al día siguiente se abriría el registro de candidaturas federales. No debía anunciarlo: rompía un acuerdo interno de no adelantar el calendario. La convocatoria se retrasó. En Morena se lo atribuyen a la tensión entre Montiel y Hernández, las dos mujeres que operan el armado electoral con intereses propios. Es un pleito menor y por eso mismo importa: son las dos cabezas visibles del partido y ninguna de las dos controla el proceso. La que controla no está en el partido. Está en Palacio Nacional, y las dejó a ambas administrando lo que ya se decidió en otro escritorio.

Todo esto ocurre mientras el otro grupo se desmorona a la vista.

El martes, en su segundo informe, Claudia Sheinbaum no mencionó ni una sola vez a Andrés Manuel López Obrador. Ni una. En la toma de posesión lo había nombrado tres veces, y en el primer informe volvió a nombrarlo: en cada acto importante de estos dos años el expresidente estuvo ahí, invocado por su nombre, como quien coloca una firma. El martes, cero. Y a la lista de decenas de invitados de Palacio Nacional esta vez no llegaron Andy, ni Bobby, ni José Ramón, ni Beatriz Gutiérrez Müller, ni Adán Augusto. El año pasado Andy estaba en la quinta fila y Adán Augusto en la cuarta. Este año no aparecieron en el registro.

Y la presidenta cerró su mensaje diciendo: que nadie se equivoque, aquí no hay divisiones.

Nadie desmiente lo que nadie cree.

Falta la última pieza, que es la que va a doler en junio. Morena no compite sola: compite con el Verde y con el PT, y esos partidos cobran en candidaturas. En Chihuahua ya pusieron condiciones. En Zacatecas, el coordinador de los diputados del PVEM acusó traición por una reforma electoral local. En Sinaloa, los aliados cedieron la candidatura a Morena por el factor Rocha Moya, que es la manera elegante de decir que nadie quería cargar con ese muerto. Cada estado tiene su cuota, y las cuotas no pasan por ninguna encuesta ni por ningún filtro: se negocian.

De modo que el blindaje que Montiel prometió el domingo tiene que sobrevivir a tres cosas. A los aliados que cobran. A los coordinadores que empujan a sus propios perfiles en territorio ajeno. Y a los coordinadores que, por su expediente, no pasarían el examen que ellos aplican.

Habrá quien diga que esto es lo de siempre, que así se hacía en el PRI. Tiene razón, y ése es el problema. El movimiento que llegó al poder prometiendo acabar con el dedazo lo perfeccionó: ahora hay encuesta, hay comisión de elecciones, hay coordinadores regionales, hay cinco circunscripciones, hay convocatorias, hay metodología secreta. Y al final hay una señora en Palacio Nacional recibiendo aspirantes de uno en uno.

La diferencia con el viejo sistema es que aquél no fingía.

En septiembre se anuncian los diecisiete nombres. Cuando se anuncien, conviene recordar dos frases dichas esta semana con cuatro días de diferencia: que no habrá candidatos con vínculos inconfesables y que aquí no hay divisiones. Las dos las dijeron con la misma cara.