MILENIO. Candidatos a juzgadores a nivel federal y local han renunciado a participar en la elección de este año en regiones de Tamaulipas marcadas por hechos de violencia, como El Mante, donde asesinaron a un político en campaña en 2024, y Nuevo Laredo y Río Bravo, que han vivido enfrentamientos entre fuerzas federales y grupos delictivos, así como disputas criminales.
Hasta el momento, en estas tres regiones tamaulipecas con alta presencia del crimen organizado, al menos las candidaturas a la elección judicial a nivel estatal se mantienen vacantes. Por ello, las autoridades electorales han hecho un llamado al Congreso de Tamaulipas para que estas sean ocupadas antes del próximo 24 de marzo.
De continuar sin aspirantes, se imprimirán las boletas con solo 342 de 352 candidatos, ya que a estos tres casos se suman otros siete que han declinado por razones técnicas y de duplicidad en postulaciones a la elección judicial federal, advirtió el Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam).
En el proceso político-electoral del año pasado, fue herido de muerte al arranque de las campañas el abanderado panista Noé Ramos Ferrétiz, quien buscaba reelegirse en la alcaldía de El Mante; un hecho que conmocionó a la población y colocó a Tamaulipas en el foco nacional.
Esa ciudad cañera es sede de la Segunda Región del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, donde renunció a su candidatura Óscar Eduardo Carmona Ortiz, postulado por dicho poder para ser juez de Primera Instancia en Oralidad Penal, en la zona que comprende los municipios de El Mante, Antiguo y Nuevo Morelos, Xicoténcatl, Gómez Farías, Llera, Ocampo, González y Aldama.
Este aspirante, incluso, tramitó su renuncia desde el municipio de Soto La Marina, ubicado a más de 250 kilómetros de distancia, y al buscársele vía telefónica para una entrevista sobre sus motivos para retirarse de la contienda, respondió “sin comentarios” y apagó el celular.
En Nuevo Laredo, una ciudad fronteriza que ha vivido sistemáticamente episodios de violencia por fuego cruzado entre autoridades y delincuentes o por enfrentamientos entre estos últimos, se dio el retiro de Luis Rey González Salazar, quien se había postulado para los dos procesos, el federal y el estatal, de acuerdo con información del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Ietam.
En la contienda estatal, González Salazar competiría para ser juez de Primera Instancia Familiar, postulado por el Ejecutivo, mientras que en la contienda federal tenía la mira en el Juzgado de Distrito Laboral de Asuntos Individuales, con el aval de dos Poderes. Finalmente, optó por declinar en ambos casos.
En Río Bravo, que también ha padecido episodios de violencia por la presencia de grupos delictivos, dimitió Alexis Hiram Hernández Castro, tras aparecer en las listas de los poderes Ejecutivo y Legislativo como candidato a juez menor civil y familiar.
A estos casos se suman otros siete candidatos que renunciaron a participar en la renovación del aparato judicial en la entidad, aunque en estos últimos casos fue porque se habían registrado para las dos elecciones y fueron enlistados en ambas, lo que los obligó a retirarse de una de ellas.
Cuatro contendientes más declinaron parcialmente, pues eran postulados por más de un Poder y decidieron renunciar a uno de estos avales y continuar con el otro.
A pesar de las renuncias a las candidaturas judiciales en las tres zonas de alta incidencia delictiva, el consejero presidente del Ietam, Juan José Ramos Charre, rechaza que la inseguridad sea la causa de estas declinaciones.
“Yo creo que es más bien una cuestión meramente técnica; las personas fueron postuladas para cargos distintos y se está atendiendo; ni 2024 fue detonante de declinación de candidaturas por ese tema”, aseveró en entrevista con MILENIO.
Señaló que tras el crimen del candidato panista en El Mante en el proceso político-electoral del año pasado, “aumentó el número de solicitudes de protección policial, pero no hubo renuncias por miedo a ser víctimas de otro posible hecho de violencia”.
Por su parte, el ex magistrado del Poder Judicial de la Federación, Martín Ubaldo Mariscal Rojas, consideró que Tamaulipas no es un estado peligroso para el desempeño de los juzgadores ni para la próxima elección del 1 de junio, pues aseveró que no se tiene un registro estadístico que demuestre lo contrario.
En tanto, el abogado penalista Juan Jorge Olvera Reyes coincidió y expresó que lo que sí se observa es una disparidad entre los candidatos, pues unos son figuras públicas y otros son desconocidos, lo cual genera condiciones de desventaja para estos últimos.
La Legislatura estatal entregó al Instituto Estatal Electoral 548 expedientes de 352 personas, pues algunos registros aparecían duplicados. Entre el 13 de febrero y el 13 de marzo, el Ietam recibió 14 escritos de declinación: 10 de carácter total (es decir, las personas ya no participarán en la elección local, entre ellos los tres de las zonas de alta presencia del crimen organizado) y cuatro parciales, donde solo se renunció a la postulación de un poder.
El consejero presidente Ramos Charre explicó que al Poder Legislativo le corresponde definir el proceso de sustitución de quienes se retiraron de la contienda y que el plazo para ello es el 24 de marzo, a fin de que sea técnicamente viable la incorporación de los nuevos candidatos para la impresión de las boletas.