POSTA. Lo que la cúpula de la Sección 30 del SNTE intentó disfrazar como un movimiento legítimo en defensa de los derechos laborales, ha quedado expuesto como una estrategia de presión política.
Detrás del paro escolar que hoy mantiene a más de 3 mil alumnos sin clases en el municipio de Tula, se esconde una red de hostigamiento institucional y encubrimiento de prácticas de corrupción, según denunció el Rolando Adrián Maldonado Hernández, supervisor de la Zona Escolar 37.
La crisis educativa en la región estalló luego de que un grupo de docentes, manipulados por el sindicato, llevaran su protesta hasta el Palacio de Gobierno en Ciudad Victoria.
El trasfondo de la suspensión de actividades responde a una represalia directa contra el supervisor por negarse a encubrir "aviadores" dentro de las escuelas de su adscripción.
El origen de la suspensión de labores radica en la negativa del supervisor de la Zona 37 a mantener en las nóminas a personal que no se presenta a trabajar, esta medida de orden administrativo detonó el enojo de la estructura del SNTE, encabezada por Arnulfo Rodríguez Treviño.
Para forzar la destitución de Maldonado Hernández, la dirigencia sindical orquestó un paro de brazos caídos afectando el derecho a la educación de miles de niños, el sindicato utilizó la estructura del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) y movilizó a docentes ajenos a la zona escolar para fingir un conflicto masivo.
La denuncia formal señala a María Cristina Martínez Zúñiga (jefa de sector) y a Ulises Pérez Ruiz (secretario particular de la Sección 30) como los principales operadores del acoso, ambos son acusados de fabricar protestas y coordinar el descontento para proteger beneficios personales del grupo hegemónico.
El caso más crítico es el de Humberto Olvera, señalado como operador sindical en Tula, quien supuestamente cobra una plaza docente completa sin trabajarla, de acuerdo a la información solicitada vía transparencia donde se comprobó que Olvera cobra como regidor en el Ayuntamiento de Jaumave de forma simultánea y sin licencia laboral.
Rolando Maldonado Hernández acusó de complicidad directa a la Maestra Erminia Rodríguez Torres, titular de Educación Primarias de la SET, explicó que dicha dirección ha ignorado los expedientes oficiales y las pruebas documentadas sobre los aviadores de la región.
En lugar de proteger a los supervisores y maestros que cumplen con la legalidad, la dependencia estatal ha mostrado pasividad ante los chantajes de la Sección 30, el supervisor la hizo responsable directo junto a Arnulfo Rodríguez de cualquier sanción ilegal o represalia que se intente implementar en su contra.
Maldonado Hernández enfatizó que la dirigencia estatal utiliza a las bases magisteriales como "carne de cañón" con el único fin de negociar prebendas y puestos políticos, recordó el histórico paro escolar en la Calzada de Tamatán hace unos años, donde el SNTE secuestró la educación hasta obtener beneficios particulares.
El objetivo actual del movimiento ficticio en Tula es simular que "corrieron" al supervisor para colgarse una medalla ante las bases de la Sección 30, sin embargo, el funcionario cuenta con un proceso de cambio legal ganado por méritos, por lo que terminará el ciclo escolar apegado a la Ley.
El conflicto en el Altiplano Tamaulipeco evidencia la urgencia de que el Gobierno del Estado intervenga para frenar el chantaje de la Sección 30, mientras las autoridades guardan silencio, más de 3 mil alumnos continúan pagando el precio de una política sindical que privilegia la opacidad sobre las aulas.