Nacional / CDMX

Las aduanas militarizadas, un coladero para el huachicol fiscal

EL PAÍS. En julio de 2020, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó una nueva tarea a la cancha del Ejército y la Marina: encargarse del control y la vigilancia de las aduanas para frenar la corrupción y el contrabando, incluyendo el de combustible, conocido como huachicol fiscal. Desde entonces, según una base de datos de la Agencia Nacional de Aduanas a la que ha tenido acceso EL PAÍS, en las aduanas se logró detener un total de 46 millones de litros. Según estimaciones de expertos, solo en 2024 entraron 18.000 millones de litros ilegales en el mercado mexicano.

Cuando se anunció la entrada de soldados y marinos a la seguridad de las fronteras comerciales de México, la justificación fue su honestidad y eficacia. El primer campo quedó en entredicho tras el arresto la semana pasada de 14 personas, seis de ellas marinos, por pertenecer a una red de contrabando de combustible supuestamente liderada por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna. Más al saber que él y su hermano, todavía prófugo, son familiares políticos de José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina durante el sexenio de López Obrador (2012-2018).

La base de datos, conseguida vía transparencia, enlista 137 embargos con casi siete millones de litros de combustible en las aduanas terrestres hasta agosto de 2025. La inmensa mayoría, 110 con un total de 6.4 millones, fueron en el estado de Tamaulipas, concretamente en Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa. El resto se reparten entre Chihuahua, Nuevo León y Sonora. Por su parte, la Secretaría de Marina, detuvo en 2020 dos buques petroleros con 19.5 millones de litros cada uno en la aduana de Dos Bocas, Tabasco, más dos aseguramientos testimoniales en el aeropuerto Benito Juárez de Ciudad de México. Todos suman 46 millones de litros.

Las cantidades son nimias si se comparan con la dimensión del huachicol fiscal. El documento Análisis: recaudación potencial del contrabando fiscal, elaborado por la consultora Petro Intelligence, estima que en 2024 hubo 18.000 millones de litros de combustible ilegales en el mercado mexicano. Su cálculo se basa en las cifras de consumo total de México y los datos del Servicio de Administración Tributaria, que dicen que el contrabando fiscal es equivalente al 30% del total de los combustibles vendidos por las estaciones de servicio.

“El contrabando fiscal persiste en México debido a una combinación de factores como debilidades institucionales, corrupción, la complejidad del mercado energético y la adaptación del crimen organizado”, se lee. Identifican como factor principal, además de la corrupción en las aduanas, una inspección insuficiente, ya que solo “el 5% de las importaciones son revisadas físicamente en aduanas, sumado a la tecnología limitada para realizar análisis químicos a los combustibles legales”.

Esta consultora tiene registros documentados de contrabando de combustible por medios fiscales desde finales de la década de los 1990, aunque según sus datos se agudizó desde 2010, cuando se liberalizó el mercado de hidrocarburos en México. Tienen identificados cuatro modalidades básicas: disfrazar el combustible declarando que es otro producto, asegurar que se importa menos cantidad de la que en realidad se trae, usar documentación falsa y, simplemente, hacer contrabando puro o bronco, como se dice en el argot.

El coladero que suponen las aduanas puede ejemplificarse con el caso del arresto de Farías Laguna y sus cómplices. La detección de esta red de contrabando de combustibles se dio al analizar la bodega del Challenge Procyan, un buque cisterna que atracó en el puerto de Tampico, Tamaulipas, y descubrir que había traído diésel en vez de aceites lubricantes. Pero los aseguramientos se hicieron en la vecina Altamira y en Ensenada, Baja California. Fue allí donde las autoridades incautaron los 18 millones de litros de diésel traficados; ya dentro de territorio nacional, ya fuera de las aduanas que vigilan las fuerzas militares.