ANIMAL POLÍTICO. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Tamaulipas mantiene en marcha los procesos contra exfuncionarios del gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca: un total de 43 expedientes de presunta responsabilidad administrativa (EPRAS) han sido turnados al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y, en un caso, al Tribunal Federal. Las irregularidades bajo investigación derivaron de las entregas y recepciones de dependencias en octubre de 2022, cuando comenzó la revisión sistemática de rendición de cuentas.
La secretaria Norma Angélica Pedraza Melo señaló que los casos transferidos al Tribunal local suman 42, y el restante será tratado en la instancia federal.
“Los 43 expedientes de presunta responsabilidad administrativa (EPRAS), corresponden a exfuncionarios de la administración pasada”, enfatizó.
Estos expedientes se configuran como faltas calificadas como graves, lo que implica que, de acreditarse, los responsables podrían enfrentar sanciones severas como inhabilitación, multas e inclusión en inhabilitación administrativa.
Pedraza Melo reiteró que las unidades responsables del gobierno actual identificaron esas irregularidades en los procesos de entrega-recepción con el gobierno de García Cabeza de Vaca, y por ello corresponde su turno hacia los tribunales competentes.
Durante este procedimiento, las observaciones empezaron a surgir, desde incongruencias documentales hasta omisiones notables en reportes financieros y operativos, lo cual motivó la intervención de la Secretaría Anticorrupción. Este enfoque institucional busca evitar que esas anomalías queden impunes y envía señales de que los conductores públicos anteriores no están exentos de responsabilidad.
La secretaria indicó que confía en que las sanciones que se impongan sean definidas en breve por las instancias resolutorias. El trámite administrativo sigue su curso, mientras las dependencias involucradas deberán responder con información, auditorías y defensas técnicas, según los derechos de los presuntos responsables.
(Foto: Facebook de Francisco Cabeza De Vaca).
El anuncio de estos 43 expedientes se inscribe en una estrategia estatal de combate a la corrupción que ha cobrado impulso en los últimos años. En ejercicios recientes, la ASE y otras instancias estatales han presentado denuncias y revisado cuentas pasadas. Por ejemplo, la Auditoría Superior del Estado ha interpuesto denuncias contra exfuncionarios por decenas de miles de millones de pesos correspondientes a periodos anteriores.
Además, en administraciones pasadas se han sancionado exservidores públicos con inhabilitaciones y responsabilidades administrativas en casos de contratos irregulares, otorgamientos directos sin licitación o uso indebido de recursos públicos.