Nacional / Costa del Pacífico

Marchan por justicia para Carlos Manzo; reportan daños en Palacio de Gobierno de Morelia

ANIMAL POLÍTICO. Michoacán vive horas de mucha tensión. Luego del asesinato la tarde noche del sábado del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, cuando asistía a un festival con su hijo por el Día de Muertos, grupos de ciudadanos se concentraron la tarde del domingo en las instalaciones del Palacio de Gobierno en la capital, Morelia, para realizar una protesta que terminó con un enfrentamiento con los policías antimotines del Estado.

Miles de personas marcharon por las calles de Uruapan y Morelia, Michoacán, gritando “¡Fuera Morena!” y “¡No Más Violencia!” para exigir  justicia por la muerte del alcalde Carlos Manzo Rodríguez. Algunos manifestantes forzaron la puerta e ingresaron al Palacio de Gobierno, en Morelia, causando destrozos.

Horas antes de la protesta, el gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla, había tenido que salir del sepelio del alcalde en Uruapan acompañado por sus escoltas. La gente le gritaba “fuera”, “asesino” y “delincuente”. 

La agencia de noticias Quadratín  reportó que la protesta en Morelia se desarrollaba con normalidad a eso de las cuatro de la tarde, hasta que un grupo de seguidores del alcalde habrían alterado la protesta. Al parecer, iban armados con cocteles molotov, palos, piedras, e iban cubiertos del rostro.

Estos grupos comenzaron a vandalizar las instalaciones gubernamentales con pintas, al tiempo que comenzaron a atacar las instalaciones del inmueble. Incluso, tal y como puede apreciarse en múltiples videos publicados en redes sociales, varios manifestantes rompieron puertas, mobiliario y cristales para acceder al interior del Palacio gubernamental.

Elementos antimotines respondieron esparciendo gas lacrimógeno y agrediendo y deteniendo a los manifestantes, desatando un enfrentamiento violento. Incluso, hubo ataques a la prensa que cubría la manifestación. En diferentes videos, también se aprecia que los antimotines cargaban armas con balas de goma.

Dalia Villegas Moreno, reportera de Quadratín y Contramuro Noticias, denunció que fue sometida por elementos de la Guardia Civil y despojada de sus herramientas de trabajo, pese a haberse identificado como periodista.

La comunicadora señaló que por orden del secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Juan Carlos Oseguera Cortés, la policía le quitó el celular con el que estaba registrando los enfrentamientos entre los uniformados y los manifestantes.

“El secretario de Seguridad me privó de mi libertad al interior del recinto”, denunció la reportera. “Me exigieron que borrara todo el material en mi celular y que esa era la condición para que me regresaran el equipo”.

Villegas dijo que los elementos sí alcanzaron a borrar uno de los videos que tomó durante la protesta.  “Es un video en que justo pude captar al secretario de seguridad (…) tienen a varios detenidos en el piso y les están quitando su camisa y los están golpeando, a pesar de que ya estaban sometidos”.

En la mañana había tenido lugar otra marcha en Uruapan, la ciudad de más de 300 mil habitantes que dirigía Carlos Manzo como alcalde independiente. A pesar de que contaba con 14 escoltas de la Guardia Nacional, tres agresores pudieron llegar hasta él cuando paseaba, y lo ultimaron de al menos cinco balazos cuando, con su hijo en brazos, disfrutaba del Festival de las Velas por el Día de Muertos.

Manzo, que mantenía una postura de confrontación directa con los grupos del crimen organizado, había pedido ayuda semanas antes en una carta al gobierno de Michoacán y al Gobierno Federal para hacer frente a la situación en la localidad. Sin embargo, no obtuvo respuesta. Por eso, la indignación de los manifestantes, que en el funeral del edil acusaban al gobernador michoacano de haberlo dejado solo.

“No contaba con el respaldo del Gobierno del Estado –Manzo criticaba abiertamente al gobernador, Alfredo Bedolla, por la inseguridad–, ni tampoco con el del Gobierno Federal –del que criticaba la anterior política obradorista de ‘abrazos y no balazos’–. Y el crimen organizado detectó esa debilidad. No era un personaje blindado frente a un ataque”, señaló en entrevista David Saucedo, experto y consultor en temas de seguridad.

En un perfil publicado por Animal Político, Saucedo apuntó que la agresión de la tarde noche del 1 de noviembre “fue un ataque kamikaze”.

“Aunque no tenía el respaldo de las autoridades, Manzo sí tenía escoltas. Contaba con un ‘diamante’ de seguridad, de elementos de la Guardia Nacional y también de la policía municipal. Así que, quienes ordenaron el ataque lo hicieron condenando también a la muerte a los sicarios que realizaron las detonaciones. De hecho, ya se ha dicho que uno de ellos fue abatido”.

El asesinato del alcalde de Uruapan –el sexto en Michoacán en los últimos cuatro años– tuvo lugar luego de otro reciente asesinato que conmocionó al estado: el del líder limonero Bernardo Bravo, quien fue también ultimado a balazos el 20 de octubre, luego de alzar públicamente la voz para denunciar las continuas extorsiones del crimen organizado a los agricultores.

El domingo, el gobernador michoacano Alfredo Ramírez Bedolla prometió, al igual que hicieron la presidenta y el secretario de seguridad federal, Omar García Harfuch, que el asesinato de Carlos Manzo no quedará impune.

“Sé que su asesinato genera muchísima rabia e indignación, todos estamos consternados e indignados, pero vamos a dar la cara y vamos a actuar de inmediato para garantizar que haya justicia y para paz para el pueblo de Uruapan”, escribió el mandatario en sus redes sociales.