ANIMAL POLÍTICO. Por primera vez, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (Semarnat) negó a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) el permiso para construir una obra en Quintana Roo que, sin embargo, está por concluir. La negativa se dio luego de confirmar que antes de iniciar cualquier trámite había talado 4.55 hectáreas y construido casi por completo un complejo en Quintana Roo.
Se trata de unos edificios que se encuentran en la entrada de Chetumal, cabecera del municipio de Othón P. Blanco y capital del estado, a un costado del nuevo aeropuerto internacional que desde noviembre de 2023 es administrado por el Grupo Mundo Maya (antes llamado Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica, propiedad del mismo Ejército).
El nombre oficial del proyecto es “Equipamiento y Obra Pública del Cuerpo de Policía Militar, para contribuir a las operaciones del Orden Interior y Seguridad Nacional, 2023 y 2024, Construcción de Instalaciones para dar seguridad (Frente 10)”.
Se desconocen muchos de los detalles, pues la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) no está disponible en la página web de la Semarnat, pero el resolutivo refiere que se trata de instalaciones con espacios funcionales, áreas de descanso e infraestructura para el mantenimiento y almacenaje de equipo, así como sistemas que contribuyan al manejo eficiente de los recursos para el Cuerpo de Policía Militar y a las Compañías de la Guardia Nacional.
El proyecto ocupa dos predios, con una superficie total de 74,322.80 m2, manifestando que requerirá una superficie de cambio de uso del suelo de áreas forestales de 45,531.11 m2, con vegetación de tipo selva mediana subperennifolia.
Durante una rueda de prensa que se llevó a cabo a finales de junio de 2025, casi un mes antes de que la Sedena solicitara los permisos ambientales, un coronel del Ejército afirmó que las instalaciones, que albergarán dos compañías de la Guardia Nacional integradas por 120 elementos cada una, contaban con un 75 % de avance y que los trabajos iban a concluir en octubre de este año.
Las notas de los medios locales que cubrieron la rueda de prensa hablan de un complejo habitacional de 28 viviendas y 7 edificios de cuatro plantas, con una inversión de 79 millones de pesos.
Así quedarán los edificios que construye la Sedena. Imagen tomada de Semarnat.
Arrancar las obras antes de obtener los permisos ambientales es una práctica común en los proyectos que la Sedena desarrolla en la Península de Yucatán. También empezó sin la autorización de Semarnat la excavación de bancos de extracción de material pétreo, la construcción del Tren Maya, los ahora llamados Hoteles Mundo Maya y el aeropuerto de Tulum.
En estos casos, la Sedena obtuvo los permisos cuando las obras ya estaban en fase avanzada de construcción, pero el proyecto de Chetumal ha sido tratado de forma distinta.
“El artículo 35 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente afirma que la Semarnat puede negar la autorización cuando se contravenga lo establecido en la ley, reglamentos o normas oficiales. Este proyecto contraviene uno de los principios fundamentales en el derecho ambiental: que la solicitud de permiso tiene que ser previa”, dice una abogada integrante de la organización Territorios Diversos para la Vida (Terravida), que pidió se reservara su identidad.
“Este resolutivo está sentando una línea alentadora para quienes defienden y protegen el medio ambiente y el territorio, además de que está dando otro mensaje a la Sedena”, agregó.
Terravida desea que este caso marque un cambio de criterio en las decisiones de la Semarnat y se aplique al megaproyecto Puerta al Mar que el Ejército construye en la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an.
“Se identificó que en el predio de ubicación del proyecto ya se realizó la remoción de la vegetación existente y por ende, el cambio de uso del suelo de áreas forestales, así como un gran avance en la construcción de la infraestructura”, escribe la Semarnat en su resolutivo del 13 de agosto.
Señala como otra motivación de la negativa el hecho de que la Sedena realizó un pago de derechos de 46 mil 574 pesos, sin embargo, omitió el correspondiente a la recepción, evaluación y resolución de la MIA-P del proyecto, por la cantidad de 93 mil 150 pesos.
La Semarnat pide a la Sedena dirigirse a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para que determine lo correspondiente al iniciar obras y actividades sin contar con la autorización respectiva. La dependencia tendría que actuar de forma inmediata y entre sus facultades está clausurar obras que no cumplen con la normatividad.
“Profepa tiene que establecer sanciones y señalar las medidas que Sedena tiene que emprender para restaurar esa zona, para que el ecosistema pueda regenerarse”, dice Irma Morales Cruz, abogada de la Asociación Civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS). “Esperamos que la Profepa realmente tome las medidas pertinentes y seguiremos vigilando, no hay que despegar el dedo del renglón”, señala.