Tamaulipas / Cd. Victoria

Poder Judicial paga 58 mdp de finiquitos y arranca depuración

ELEFANTE BLANCO. El Poder Judicial de Tamaulipas arrancó una depuración de hasta 150 mil expedientes para intentar contener el rezago acumulado en los juzgados del estado, en medio de archivos saturados y falta de espacio para nuevos asuntos.

La magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), Tania Gisela Contreras López, informó que, a casi dos meses de asumir el cargo, el personal judicial ya ha depurado alrededor de 7 mil expedientes, con una meta estatal que podría llegar a 150 mil archivos eliminados o compactados.

“Estamos depurando expedientes durante nuestros recorridos; en Altamira, por ejemplo, detectamos 40 mil casos en instalaciones saturadas y con mobiliario en mal estado”, explicó.

Contreras López reconoció que el rezago es “especialmente grave” en Altamira, donde se proyecta depurar cerca de 40 mil expedientes, mientras que en el resto del estado se revisan archivos físicos que llevan años en pasillos, bodegas y oficinas.

La presidenta del STJ dijo que encontró al llegar al cargo un Poder Judicial “abandonado”, con condiciones precarias en varios juzgados.

“Encontramos un total abandono en los juzgados, donde el mobiliario está inservible y con una sobre saturación de expedientes”, expuso.

Para enfrentar el rezago, el Poder Judicial activó un programa piloto de depuración de archivos que se está aplicando en distintos distritos judiciales. El objetivo es liberar espacio, ordenar los archivos y crear condiciones “más decorosas y dignas” para trabajadores y usuarios.

“Hoy llevamos alrededor de siete mil expedientes depurados, lo que permitirá tener un archivo con mayor capacidad de recibir aquellos que están en los juzgados y, a partir de eso, tener condiciones más decorosas y dignas para los trabajadores”, señaló Contreras López.

La magistrada precisó que el proceso se realiza con base en un acuerdo emitido por el entonces Consejo de la Judicatura en 2018, que establece cómo debe depurarse un expediente para conservar únicamente las partes esenciales, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente.

El plan de trabajo considera una meta de hasta 150 mil expedientes por depurar en todo el estado.

“Solo en Altamira se proyecta depurar cerca de 40 mil, mientras que a escala estatal la meta podría alcanzar los 150 mil”, sostuvo la presidenta del STJ.

La depuración la realiza el propio personal del Poder Judicial, sin contrataciones adicionales.

“Creo que vale la pena destacar también que hemos tenido el respaldo de las y los trabajadores que nos están acompañando en este proceso, porque no hemos hecho contrataciones adicionales, sino que con el mismo personal estamos haciendo esta reorganización, orden y limpieza de las instalaciones”, añadió.

De acuerdo con la magistrada, el rezago se arrastra desde hace años y en algunos juzgados hubo intentos parciales de depuración, pero sin una estrategia integral. La nueva etapa pretende ordenar los archivos para que los expedientes vigentes tengan espacio y se reduzca la saturación que hoy complica la consulta y el trámite de asuntos.

Además del rezago en expedientes, el Poder Judicial enfrenta el impacto financiero de la reciente reforma judicial local, que modificó la integración de magistrados y creó nuevas instancias.

Contreras López informó que se erogaron alrededor de 58 millones de pesos para el pago de finiquitos a magistrados y jueces que dejaron el cargo con la reestructura, y aclaró el origen de esos recursos:

“Tenemos un corte de alrededor de 58 millones de pesos que fueron tomados de aquel fideicomiso”, explicó, al detallar que el monto se destinó a indemnizaciones y compensaciones por la terminación de funciones de integrantes que quedaron fuera del nuevo esquema legal.

La presidenta del STJ puntualizó que ese dinero provino de un fideicomiso extinguido con la reforma electoral, por lo que –dijo– las liquidaciones no impactan el presupuesto ordinario de operación de los juzgados.

Información oficial del propio Poder Judicial ha señalado que la reforma judicial implicó un costo acumulado de decenas de millones de pesos en liquidaciones e indemnizaciones, como parte del proceso de transición hacia el nuevo modelo de justicia en Tamaulipas.

Ante versiones sobre posibles renuncias, Contreras López aseguró que no hay dimisiones de magistrados en funciones.

“No, no, no, no tenemos renuncias de magistrados, estamos trabajando cada uno en los espacios para los que fuimos electos”, remarcó.