Tamaulipas / Tampico

Tamaulipas limpiará transporte urbano y quitará 4 mil concesiones

ELEFANTE BLANCO. Tamaulipas se alista para hacer una limpieza profunda en su sistema de transporte urbano: la Subsecretaría del Transporte anunció que procederá a cancelar unas 4 mil concesiones que han quedado en desuso en diversas rutas estatales. El titular de la dependencia, Armando Núñez Montelongo, informó que estas concesiones “quedaron en desuso” y no han prestado servicio en los últimos cinco años, por lo que serán retiradas formalmente para reordenar el padrón y mejorar la operatividad del transporte público.

La medida responde a un diagnóstico que reveló rutas abandonadas y concesiones que quedaron desactivadas, pero que siguen vigentes en los registros estatales. La intención, explicó el subsecretario, es recuperar esos permisos y reasignarlos a operadores activos o nuevas rutas que realmente brinden servicio a la ciudadanía.

“El Gobierno del Tamaulipas retirará cerca de 4 mil concesiones de transporte urbano como parte de un esfuerzo por mejorar la seguridad y el orden en el sistema de transporte público”, dijo Montelongo.

El anuncio ha generado expectativa entre transportistas, autoridades municipales y usuarios. Algunos sectores temen que ese retiro masivo impacte en la oferta de unidades si no se acompaña de mecanismos de reasignación clara y licitación transparente. Mientras tanto, municipios ya registran quejas por unidades que circulan sin concesión o con permisos obsoletos.

Según la Ley de Transporte del Estado de Tamaulipas, corresponde a la autoridad estatal otorgar, prorrogar, cancelar o suspender concesiones o permisos para prestar servicios de transporte público y servicios auxiliares. Esa normativa también faculta al Ejecutivo a decretar la requisa de bienes vinculados al transporte público en casos previstos por la ley.

Ese marco legal respalda la acción anunciada por la Subsecretaría, al permitir que las concesiones que no operan puedan ser canceladas y sus permisos reasignados. En los reglamentos estatales, además, figura que la concesión no garantiza exclusividad sobre rutas o circulación en vías públicas, por lo que su uso debe responder a eficiencia, demanda y control regulatorio.

Aunque la medida parece encaminada a ordenar el transporte, no está exenta de desafíos. Un punto crítico será garantizar que las concesiones canceladas no queden en manos de operadoras sin capacidad técnica o financiera. También deberá asegurarse que los operadores que actualmente prestan servicios cuenten con mecanismos competitivos para acceder a esos permisos liberados.

Otro riesgo está en los municipios donde existen concesiones en disputa local o irregularidades documentales: la cancelación podría provocar litigios o conflictos con transportistas que aleguen derechos adquiridos. En ciudades fronterizas, por ejemplo, ya hubo pronunciamientos de que la autoridad estatal no puede retirar concesiones sin emitir dictámenes técnicos ni derechos de audiencia adecuados.

Además, los usuarios podrían experimentar transiciones abruptas en rutas, cobertura o tarifas si las reasignaciones no se ejecutan con gradualidad y planeación. Las autoridades estatales deben prever esa fase logística para evitar colapsos en el servicio urbano.